Fuerte denuncia contra el Gobierno de Macri en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fuerte denuncia contra el Gobierno de Macri en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Laboralistas, gremios y magistrados denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las políticas violatorias de los derechos de los trabajadores por parte del Gobierno de Macri.

La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio —junto con organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos—, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el retroceso en materia de derechos laborales y sindicales, como consecuencia de las políticas de gobierno de cambiemos.

Además señalaron la injerencia e intervención del Estado en las organizaciones gremiales, el avasallamiento al principio de división de poderes por medio del pedido de juicio políticos a magistrados del trabajo, y la estigmatización de los abogados laboralistas, acusados de llevar adelante la mentada industria del juicio y componer una mafia local.

La 165° audiencia de la CIDH, se desarrolló en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Montevideo, durante la mañana de ayer, y contó con una masiva presencia de dirigentes sindicales y trabajadores de la entidades gremiales denunciantes, abogados laboralistas y la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carolotto, Taty Almeida, Presidenta de Madres Línea fundadora y Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, cuya presencia resultó especialmente destacada y agradecida por los comisionados de la CIDH.

Los oradores —integrantes del panel denunciante— fueron, entre otros, Gustavo Ciampa, Presidente de La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, Alvaro Ruiz, abogado laboralista representante de la Corriente Federal de los Trabajadores, y Roberto Baradel, Secretario General de Suteba.

Ante el documento leído por los solicitantes, representantes del gobierno respondieron con un discurso descriptivo de las normas constitucionales vigentes, sin aludir a los señalamientos efectuados por los denunciantes, arguyendo que la expresiones injuriantes vertidas por altos funcionarios del estado resultan manifestaciones propias de todo «debate y diálogo de ideas».

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