El proceso se realiza en sede de la ex AMIA de La Plata y durará un año.
Se juzgarán los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense durante la dictadura. Casos paradigmáticos, como la apropiación de Papel Prensa, el secuestro de Clara Anahí Marini y la primera desaparición del albañil Julio López.
Ayer, en la sede de la ex AMIA de La Plata, comenzó el proceso oral donde se juzgarán gran parte de los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense que comandó el general Ramón Camps durante los años de plomo. Avejentados, pero siempre con la mirada torva, se sentaron al banquillo 26 represores, algunos de ellos con gran capacidad de decisión en la política de exterminio que hace 35 años sembró el terror en la provincia: el coronel Américo Saint Jean, que fungió como gobernador de facto, su ministro de gobierno –y único civil– Jaime Lamont Smart, el ex director de investigaciones –y mano derecha del mandamás– Miguel Etchecolatz, el subjefe de la fuerza Rodolfo Campos, y el jefe del Destacamento de Inteligencia 101 –la estructura que coordinó gran parte de la logística represiva en la región– Agustín Arias Duval. También deberán rendir cuentas otros nueve ex comisarios, algunos de los cuales tuvieron bajo su mando los seis centros clandestinos que se investigarán en el juicio (Brigada de Investigaciones y la Comisaría 5ª de La Plata, el Destacamento de Arana, Puesto Vasco, el Comando de Operaciones Tácticas de Martínez y la Brigada de San Justo), y miembros de las patotas que secuestraban día y noche, en casas particulares, fábricas o en la vía pública, y torturaban en sus cuevas secretas sin piedad.
Durante el año y medio de audiencias que se prevé, darán su testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº1 –que preside Carlos Rozanski, quien en las últimas semanas fue el blanco de numerosas amenazas– 486 testigos, entre familiares y víctimas directas, que reconstruirán el destino de 281 secuestrados que pasaron por el ominoso Circuito Camps. El debate incluye algunos de los casos más emblemáticos de la represión ilegal, entre los que se destaca el traspaso forzoso de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón, mediante el secuestro y la tortura en una celda de la Subcomisaría de Don Bosco –Puesto Vasco– y en Coti Martínez, de varios miembros y allegados a la familia Graiver, hasta ese momento propietaria de la empresa.
