Domingo Cavallo, investigado.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Ricardo Delgado para que se active la causa. En 1982, el cordobés fue el presidente del Banco Central que autorizó el traslado de los pasivos de 8562 empresas al Estado.
Un juez federal y un fiscal invitaron a la Procuración del Tesoro a “asumir la representación del Estado Nacional en el proceso judicial” por la estatización de la deuda externa privada argentina en 1982, cuando la más sangrienta dictadura agonizaba y el entonces presidente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo y las autoridades económicas del régimen decidieron transferir a las arcas públicas unos 17 mil millones de dólares de pasivos de empresas privadas, contraídos de manera presuntamente espuria.
El convite a la Procuración del Tesoro apunta a que “eventualmente promueva las acciones por daños y perjuicios correspondientes”. En otras palabras: que quienes permitieron que la deuda trepara exponencialmente a unos 43 mil millones de dólares en 1982 respondan con sus patrimonios por esa guillotina que dejaron pendiendo sobre la cabeza de los argentinos.
