Se sorteó al juez que estará al frente de una pesquisa clave, de la que fue apartado Ercolini por “temor de parcialidad”. Es un caso paradigmático de persecución judicial que se armó desde la exSIDE para derribar el D’Alessiogate y tiene a Stornelli como principal impulsor.
La causa Operación Puf, que se armó desde la AFI macrista para derribar el D’Alessiogate, será investigada por el juez federal Daniel Rafecas tras el apartamiento de Julián Ercolini por “temor de parcialidad”. Se trata de un caso paradigmático de persecuciones judicial que se armó durante el macrismo con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y tiene al fiscal Carlos Stornelli como principal impulsor.
El expediente quedó en el juzgado federal Nº 3 tras el sorteo que realizó este martes la Cámara Federal porteña. Es el cuarto juez que tiene la causa (pero la primera vez que cambia de juzgado). El fiscal seguirá siendo el que venía interviniendo en el proceso: Franco Picardi.
Entre los planteos que debe resolver Rafecas se destacan el pedido de nulidad de las transcripciones de las escuchas tomadas en el penal de Ezeiza y la citación de Elisa Carrió como testigo. Las dos presentaciones las realizó el abogado Alejandro Rúa, quien representa legalmente a Roberto Baratta. Tanto Rúa como Baratta fueron espiados por la AFI macrista. Los dos planteos de Rúa son centrales para el devenir de la investigación.
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La causa fue impulsada por Claudio Bonadío. Al fallecer Bonadío, Marcelo Martínez de Giorgi se hizo cargo del juzgado federal Nº 11 durante el 2020 y cerró esta investigación. Pero el pasado 23 de marzo, la Cámara Federal porteña, con los votos de dos jueces designados por Macri, ordenó reabrirla. Ya no estaba Martínez de Giorgi en el juzgado 11 sino Julián Ercolini, quien quedó al mando de ese despacho durante 2021. Pero este fue recusado y terminó apartado por decisión de la Cámara Federal porteña este 17 de junio. Lo resolvió de forma unipersonal el camarista Roberto Boico.
FUENTE EL DESTAPE
