Los presidentes de la comisiones de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Constitucionales de Diputados, los opositores Juan Casañas (UCR) y Graciela Camaño (Peronista), volvieron a negarse hoy al plenario convocado por la titular de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), para debatir el proyecto de ley sobre el control de la venta de tierra argentina a extranjeros.
Esta es la quinta convocatoria rechazada por Camaño y Casañas, lo que impide que el proyecto tenga un normal desarrollo y pueda llegar al recinto de la Cámara. Por eso, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, los acusó de tener «una actitud absolutamente dilatoria». «Es evidente que la oposición está buscando mecanismos reglamentarios para obstruir el tratamiento del tema», afirmó.
Ayer, en el encuentro de Asuntos Constitucionales se escuchó la opinión de un grupo de especialistas y legisladores de la oposición rechazaron la iniciativa enviada al Congreso por Cristina Fernández de Kirchner por considerarla inconstitucional, indicó Parlamentario.com
Sin embargo, el abogado constitucionalista y asesor del proyecto, Eduardo Barcesat, había explicado a ElArgentino.com que la iniciativa no contradice a la Constitución y, además, se corresponde con tratados internacionales firmados por Argentina.
En tanto, desde Agricultura, Casañas adelantó que debatirá el tema con los miembros del cuerpo el martes que viene.
«No voy a convocar a una plenario para emitir o no un dictamen sin escuchar a los integrantes de mi comisión», expresó Casañas.
Por su parte, el legislador Federico Pinedo del Pro manifestó: «Tenemos una actitud constructiva y queremos que se analice el proyecto. Los especialistas demolieron el proyecto. Nos parece que hay que seguir todos los pasos»
Además remarcó que no hay necesidad de «hacer mañana una reunión de comisión (por el plenario). Igual, si emiten dictamen tendrá que pasar a las otras comisiones».
En tanto, el legislador de Proyecto Sur, Claudio Lozano, expresó: «Es un tema que necesita urgente tratamiento. Es más, nosotros hemos planteado que deben ponerse limitaciones. Lo lógico es que el Gobierno o suspenda o controle todas las ventas que se estén realizando de ahora en adelante».
«Tienen que hacer un decreto que suspenda o establezca un mecanismo de control a las operaciones de venta de tierras a extranjeros», remarcó el legislador.
En ese sentido, agregó: «Establecer límites al modo en que interviene el capital extranjero es algo que establece cualquier país mínimamente razonable».
