La recientemente promulgada Ley de Trabajadores de Casas Particulares, que equipara derechos de esos empleados con los del resto de las actividades de la economía, tiene una meta concreta: aumentar los beneficios, pero sobre todo revertir el bajo nivel de registración que hoy existe en la actividad. Según datos del Ministerio de Trabajo a los que accedió Tiempo Argentino, el conjunto de asalariadas mujeres registra un nivel de tasa de empleo no registrado del 38%; mientras que entre las trabajadoras del servicio doméstico esta tasa se eleva al 84%. Es decir, más de ocho de cada diez trabajadoras domésticas no están registradas. Los datos oficiales indican que en el conglomerado urbano hay alrededor de un millón de trabajadoras domésticas, que representan un 6% del total de ocupadas y el 8% de asalariados.
La ley de personal doméstico tiene varios ejes: una de las claves es la estipulación en ocho horas diarias de la jornada laboral y de 48 horas semanales. Así, todos los empleadores que incumplan deberán pagar horas extra. Asimismo, establece una serie de licencias especiales no previstas como, por ejemplo, dos días corridos por nacimiento para un trabajador varón; diez días por matrimonio; tres días por fallecimiento de hijos o padres; y entre dos y diez por rendición de exámenes escolares o universitarios.
Otro de los puntos centrales de la norma tiene que ver con la prohibición de contratar menores. La nueva ley detalla que no se podrá emplear a menores de 16 años. En este punto, la normativa se conjuga con la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil, que el 20 de marzo pasado el Senado de la Nación aprobó por unanimidad con el voto afirmativo de los 63 legisladores. Dicha norma establece penas de uno a cuatro años de prisión a quienes ejerzan la explotación laboral de menores.
