Mientras el Estado Nacional y la provincia de Mendoza buscan un esquema asociativo para explotar la mina Potasio Río Colorado (PRC), abandonada intempestivamente por la firma brasileña Vale, el Ministerio de Trabajo de la Nación confirmó ayer la vigencia de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada y advirtió que si llegaran a producirse despidos, las empresas serán sancionadas.
La decisión surge justo cuando la firma brasileña y sus contratistas anunciaron casi 250 despidos, de los cuales sólo 50 pertenecen directamente a Vale, y el resto a contratistas, la principal de ellas una UTE integrada por Cartellone y Distrocuyo.
La posición oficial se da en un marco complejo: ayer, trabajadores de la construcción agrupados en la UOCRA se apostaron en la entrada del proyecto minero para impedir el vaciamiento de las instalaciones.
