La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) formalizó su situación “de emergencia” ante la decisión del gobierno de Javier Milei de cortar de plano con la obra pública. Tras un encuentro con su Consejo Federal, dejaron una foto de riesgo: hay 1400 empresas al borde de la quiebra y 220 mil empleados con posibilidad de ser despedidos. En este contexto, el titular de la entidad, Gustavo Weiss, dialogó con Página I12 y adelantó que “algunas durarán más tiempo que otras, pero en el mediano plazo mueren todas las empresas de construcción”.

-¿Cómo está hoy el escenario?

-Mal. No hay ningún sector que sobreviva si no factura, sin ingresos. Están todas las obras paradas, va a haber mucho desempleo y empresas quebradas.

-El Gobierno, ante esta situación, ¿qué dice?

-La interacción con el Gobierno es bárbara, pero no nos dan respuestas. No hay ministro, tenemos vínculo con las segundas líneas del saliente Ferraro, pero con Caputo no hay diálogo.

-¿Ya se registran despidos?

-Por supuesto, ya hay empresas despidiendo. Hay 21 mil constructoras en todo el país y 1400 asociadas a CAMARCO, muchas están muy complicadas. Algunas durarán más tiempo que otras, pero en el mediano plazo mueren todas las empresas.

Un comunicado que asusta

“La excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción motivó la realización de una Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción que declaró el Estado de Emergencia en todo el país para el sector y reclamó a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados”, arranca el texto que emitió la Camarco, tras la reunión que se dio en las últimas horas.

Agregaron que “los Consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal; y emitieron una cruda Declaración en la que señalaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general”. Asimismo, aseguraron que “CAMARCO representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa, con un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional”.

En esa línea, expresaron que “no puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”. Y que “este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.

“Todo el país vive un estado de emergencia”

“El país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”, afirma el documento de CAMARCO.

Ya agrega que “en todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”.

Por ello -continúan- “el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas Delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda”.

Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el Sector.
Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos.