(Por Eduardo Porto @periferiacts) – El Poder Ejecutivo emitió una resolución que delega en Jefatura de Gabinete la realización de convenios con las casas de estudios superiores. Se agudiza la tensión de cara a la marcha que preparan las universidades para antes de fin de mes.
El gobierno de Javier Milei emitió una resolución que incrementa el control sobre los gastos que realizan las universidades nacionales, al delega en la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos, la realización de convenios con las casas de estudios superiores.
Se trata de otra medida tendiente a controlar cómo utilizan los fondos las casas de estudios superiores que están bajo la órbita del Consejo Interuniversitario Nacional.
La medida le echa leña al fuego en el conflicto que ya viene manteniendo con las casas de estudios superiores por la caída de más de 80 puntos porcentuales de los salarios de docentes y o docentes de universidades contra la inflación, y que el gobierno de Javier Milei no resuelve en paritarias.
Por otro lado, claro, aparece la cuestión presupuestaria por gastos de funcionamiento, que tiene en vilo a las casas de estudios superiores. Toda esta situación hace que se avecine una nueva marcha de las universidades en un clima de mayor confrontación.
De hecho, la CONADU, una de las gremiales que representa a los y las docentes de las universidades ya convocan a una nueva marcha para este 19 y 20 de mayo.
La resolución: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324981/20250508
La resolución
A través de la resolución 110/2025 del 6 de mayo, el Poder Ejecutivo amparado en la Ley de Ministerios N° 22.520 y en la Ley N° 25.164, resolvió delegar en la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR, “la facultad de suscribir convenios sobre diversas materias con universidades y organizaciones no gubernamentales”
La medida es acompañada por dos anexos que definen la implementación de la resolución que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Desprestigiar y desfinanciar a las universidades
Una fuente consultada explicó que “antes los convenios se realizaban directamente con los ministerios“, por lo que la medida implica la centralización del control de los gastos que llevan adelante las universidades.
Claro, es una medida que ya venía anunciando el gobierno de Javier Milei desde 2024, cuando inició el conflicto con las universidades nacionales y que apunta a reforzar el control de los gastos a través de los convenios, algo que las casas de estudios superiores realizan habitualmente con los ministerios y diferentes áreas de gobiernos, nacionales, provinciales y municipales.
Controlar los convenios con las universidades
Los convenios son de todo tipo, e implican la transferencia del conocimiento que se realiza en las universidades nacionales hacia la sociedad a través de contratos con el Estado. Pueden implicar planes de urbanización, diseño de casas sustentables, realización de diagnósticos ambientales, análisis de suelos para la actividad minera o estudios para el aprovechamiento de recursos ambientales como el agua o los glaciares en provincias que atraviesan sequías históricas (por citar algunos ejemplos de la infinidad de acuerdos que existen entre las casas de estudios superiores y el Estado y que implican, además, la profesionalización de las tareas del Estado).
Pues bien, desde el año pasado, el gobierno inició una campaña de desprestigio contra las universidades acusando casos de corrupción y malversación de fondos para aumentar el control sobre los recursos que utilizan en oposición a la autonomía.
Es más, encomendó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, la realización de auditorías para justificar la presión sobre el uso de fondos de las universidades. Más tarde debió dar marcha atrás ante el reclamo de la comunidad académica porque el organismo encargado de controlar el uso de recursos es la Auditoría General de la Nación (AGN) dependiente del Congreso de la Nación.
Preparar el terreno para ajustar
Pues bien, en la última semana, apoyado en un informe del periodista Andrés Kliphan, desde el gobierno prepararon la resolución citada, planteando que las universidades adeudan fondos por 30 mil millones de pesos.
Según Kliphan (uno de los alfiles del periodismo que sostiene el plan del gobierno libertario), las casas de estudio superiores adeudan 30 mil millones de pesos que, que “son fondos para financiar agrupaciones políticas y organizaciones sociales de manera encubierta”.
El ataque, una vez más esconde el origen de los fondos reclamados, que corresponden a los fondos asignados desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras y compra de equipamiento científico, mediante los programas “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia“, creados durante la gestión de Alberto Fernández. Esos fondos se los frenó Milei a las universidades cuando se detuvieron las obras y compras en marcha por la devaluación y luego desconocidos por el Gobierno.
Pues bien, ahora, el gobierno de Javier Milei emite una resolución para controlar más los gastos de las casas de estudios superiores.
INFOGREMIALES
