Más de dos millones de trabajadores están registrados como monotributistas. Aunque el monotributo ofrece acceso a obra social y jubilación, no garantiza derechos fundamentales ganados como vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por enfermedad o estudio ni acceso a la negociación colectiva de condiciones laborales o salario. La nueva reforma laboral profundiza el cambio y desata un debate sobre la precarización del empleo institucionalizada.
El mercado laboral argentino atraviesa una transformación estructural y silenciosa que gana cada vez más protagonismo: el crecimiento sostenido del trabajo independiente a través del monotributo. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre enero de 2012 y febrero de 2025, la cantidad de monotributistas creció un 58,8%, superando los 2 millones de personas registradas bajo este régimen.
Aunque el monotributo ofrece acceso a obra social y jubilación, no garantiza derechos fundamentales como vacaciones pagas, aguinaldo o licencias por enfermedad. Esta modalidad, que se pensó como una vía para facilitar la formalización de pequeños trabajadores independientes, se está consolidando como sustituto del empleo en relación de dependencia, y adquiere una dimensión crítica tras la aprobación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases.
La nueva normativa aprobada por el Congreso permite a los empleadores contratar hasta tres “colaboradores” bajo el régimen de monotributo, lo que, según el CEPA, representa “la negación misma de la relación laboral formal” al permitir evitar el pago de aportes y derechos asociados. Mientras tanto, el empleo asalariado sigue en caída: desde noviembre de 2023 se perdieron 108.053 puestos privados formales, frente a un ingreso de 49.960 nuevos monotributistas en el mismo período.
En paralelo, los monotributistas sociales, orientados a los sectores más vulnerables, sufrieron una reducción masiva. Desde noviembre de 2024, 424.229 personas fueron dadas de baja por el aumento de la cuota mensual y el reempadronamiento obligatorio. Esto agrava la situación de miles de trabajadores informales que intentaban acceder a la seguridad social mínima a través de este esquema.
El informe también detalla una fuerte caída del empleo registrado desde la asunción de Javier Milei: se perdieron 166.930 empleos asalariados en el sector público y privado en poco más de un año. Aunque en febrero hubo repuntes en provincias como Buenos Aires, Córdoba y CABA, siete distritos registraron retrocesos notables, entre ellos Catamarca y Santa Cruz. A nivel sectorial, se observaron crecimientos en construcción, comercio y servicios inmobiliarios, mientras que cayeron minería, agro e intermediación financiera.
Para el CEPA, la nueva legislación “institucionaliza la precariedad”, y expone a millones de trabajadores a condiciones sin protección. La gran incógnita es si el país podrá generar empleo digno en un escenario donde cada vez más argentinos dependen del trabajo por cuenta propia para sobrevivir.
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