Con un nuevo decreto, el Ejecutivo nacional redefine su rol en la discusión salarial del sector educativo, se corre del problema y se los deja a las provincias, a través de sus ministros de educación, y sindicatos. Solamente se reserva el rechazo, en manos de Capital Humano, de cualquier acuerdo que exceda el presupuesto que quieran destinar.
El Decreto 341/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, oficializa un giro en la política educativa nacional al eliminar la participación directa del Estado en las paritarias docentes federales.
A partir de esta nueva disposición, la responsabilidad de acordar un convenio marco docente —que incluirá condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera profesional— recaerá exclusivamente en el Consejo Federal de Educación y los gremios con representación nacional.
La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano dejará de formar parte activa de la mesa paritaria, limitando su intervención a la validación presupuestaria del acuerdo, y reservándose la facultad de solicitar su revisión si no se ajusta a las posibilidades fiscales del Estado nacional.
La medida se enmarca en el proceso de descentralización del sistema educativo iniciado décadas atrás, y responde a la lógica federal consagrada por la Constitución, que otorga a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el rol de empleadores directos del personal docente. En ese sentido, el Gobierno argumenta que su participación en las negociaciones resulta innecesaria, y que el nuevo esquema fortalece la autonomía de las jurisdicciones en la organización y gestión de sus sistemas educativos. Sin embargo, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente continuará vigente, destinado a aquellas provincias que no puedan garantizar el salario mínimo, aunque supeditado a la aprobación de la Secretaría de Educación.
La reforma también se inscribe en el marco de la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública y habilitó al Poder Ejecutivo a modificar competencias estatales para mejorar la eficiencia administrativa y reducir el gasto público. El decreto 341/2025 sigue esa línea al suprimir funciones consideradas por el Gobierno redundantes. Como parte del procedimiento legal, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su evaluación.
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