La Comisión Interna de Molinos Río de la Plata, que pertenece al poderoso Grupo Pérez Companc, denunció despidos masivos y rebajas salariales en la planta de Esteban Echeverría. Aseguran que la empresa busca mantener la producción con menos personal y advierten sobre riesgos para la salud de los trabajadores, rechazan el ajuste, anunciaron estado de alerta. Podrían profundizarse las medidas de fuerza.
La Comisión Interna de la planta que Molinos Río de la Plata posee en Esteban Echeverría denunció públicamente un proceso de despidos masivos y rebajas salariales impulsado por la empresa. Según los trabajadores, la medida pone en riesgo la salud de quienes continúan en sus puestos y responde a una estrategia empresarial que busca aumentar la producción con menos personal.
“Quieren producir lo mismo con menos gente y eso lo pagaremos con hambre de las familias de los operarios despedidos y con la salud de quienes sigan trabajando. No lo vamos a permitir”, advirtió Luciano Greco, delegado de la Comisión Interna, quien aseguró que la planta cuenta actualmente con unos 200 puestos laborales que están dispuestos a defender.
Molinos Río de la Plata, propiedad del poderoso grupo empresarial de la familia Pérez Companc —ubicada como la cuarta más rica del país según Forbes—, habría comenzado el 9 de mayo una serie de reuniones con grupos reducidos de trabajadores, en las que comunicó informalmente la necesidad de aplicar recortes por una supuesta caída en las ventas. Entre las medidas anunciadas se incluyen despidos y la eliminación de adicionales salariales contemplados en el convenio colectivo.
La Comisión Interna, junto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), solicitó a la empresa garantías para evitar despidos. Sin embargo, el pasado miércoles 21, la firma ratificó su decisión de avanzar con el plan de ajuste, de manera que los trabajadores consideran unilateral e ilegal.
Además, la Comisión Interna denunció que Molinos no estaría realizando las denuncias correspondientes ante la ART en casos de accidentes laborales, ni reconociendo licencias por enfermedad, lo que agrava aún más el conflicto y vulnera derechos básicos de los trabajadores.
La situación se da en un contexto político nacional que los delegados describen como “antisindical y antiobrero”, en clara alusión a las políticas del Gobierno encabezado por Javier Milei.
Los trabajadores anticiparon que continuarán en estado de alerta y no descartan profundizar las medidas de fuerza si la empresa no retrocede con su decisión.
