La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunció al Gobierno ante la OIT por limitar el derecho a huelga en el sector aéreo y eliminar la obligación de emplear personal argentino en servicios aerocomerciales. Advierten sobre el retroceso en derechos laborales y la amenaza al empleo nacional.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) presentó una nueva denuncia contra el Gobierno Nacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a la libertad sindical y restricciones al derecho de huelga en el sector aeronáutico. La medida se suma a los reclamos ya impulsados por otros gremios del transporte y la aviación.
La organización gremial cuestiona especialmente el reciente Decreto 338/24, publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de mayo, que elimina la obligación de contar con tripulación, asistencia y mantenimiento a cargo de trabajadores argentinos en los servicios aerocomerciales operados en el país. Según APLA, esta medida constituye un atentado directo “contra la soberanía aeronáutica y el empleo nacional”.
Además, el sindicato denuncia que el Gobierno insiste en limitar el derecho a huelga mediante la imposición de servicios mínimos del 75% en el transporte aéreo, una disposición que replica el contenido del derogado DNU 70/23, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo.
“Lejos de avanzar en libertad, retrocedemos en derechos, equidad y, principalmente, en puestos de trabajo para los aeronáuticos”, advirtió APLA en un comunicado difundido este jueves, en el que también recuerda que el año pasado medidas similares fueron judicialmente suspendidas en el marco del conflicto con Aerolíneas Argentinas.
La organización que representa a los pilotos argentinos reafirmó su compromiso con los trabajadores del sector y anticipó que tomará “todas las medidas legales y sindicales necesarias” para revertir lo que califican como una “situación insoslayable” de deterioro laboral y pérdida de soberanía en la aviación civil.
Esta denuncia ante la OIT se enmarca en un contexto de creciente conflicto entre sindicatos y el Ejecutivo nacional por la política laboral impulsada desde la Casa Rosada, que incluye reformas estructurales en materia de convenios, derechos colectivos y relaciones de trabajo.
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