Residentes del Hospital Garrahan denunciaron amenazas de despido por parte de las autoridades para levantar una huelga salarial. Aunque suspendieron la medida, el personal de planta continúa con las protestas. En paralelo, el ministro de Salud fue imputado por presuntas irregularidades en la gestión del hospital.
El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que residentes y profesionales del centro pediátrico denunciaran presiones y amenazas por parte del Gobierno y las autoridades del hospital para forzar el levantamiento de un paro que llevaba varios días. La jefa de clínica Carolina Goedelman afirmó que hubo advertencias de despidos y reemplazos si continuaban con la medida de fuerza.
“Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a estos residentes”, relató Goedelman, integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital. Más tarde, agregó, los residentes comenzaron a recibir telegramas formales y advertencias verbales: “Les dijeron que si no se levantaban las medidas se iban a enviar los telegramas de despido. Los amenazaron”.
A raíz de estas acciones, la asamblea de residentes decidió suspender la huelga indefinida y retomar sus actividades desde este miércoles. No obstante, en un comunicado aclararon que lo hicieron “obligados” por las amenazas recibidas y que suspendieron también su participación en la marcha prevista a Plaza de Mayo. Por su parte, el personal de planta del Garrahan continuará con las medidas de fuerza y anticipó que la protesta se extenderá a otros hospitales del país, tras una reunión fallida con el Gobierno en la que no se presentó ninguna propuesta salarial.
El conflicto se da en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud pública nacional. En paralelo, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por supuestas irregularidades en el manejo administrativo del Garrahan. La denuncia, impulsada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli, señala que Lugones habría forzado la renuncia del Consejo Directivo del hospital y que hubo decisiones arbitrarias sobre el reparto de bonos al personal.
La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, y se investiga si las autoridades ministeriales intervinieron indebidamente en el funcionamiento del hospital. La Asociación de Profesionales y Técnicos repudió el accionar oficial, y reafirmó su solidaridad con los residentes: “Intentan silenciar el reclamo legítimo mediante presiones institucionales. Pero vamos a seguir luchando por condiciones dignas y salarios justos”, señalaron.
INFOGREMIALES
