Alarma en las Defensorías de la Niñez de CABA: Personal insuficiente, falta de insumos, bajos salarios, sobrecarga laboral y precarización

ATE Capital denunció una grave crisis en las defensorías del Consejo de Derechos de la Niñez porteño, con equipos incompletos, renuncias masivas y condiciones laborales que afectan la atención a cientos de casos de infancia vulnerable.

 

 

El sindicato de estatales ATE Capital denunció públicamente una situación crítica en las Defensorías Zonales del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA), órgano central de aplicación de la Ley 114 en la Ciudad de Buenos Aires. Según el gremio, las defensorías operan con equipos incompletos, carencias graves de insumos y un contexto de violencia laboral que afecta tanto a los trabajadores como a las infancias atendidas.

El comunicado advierte que actualmente las defensorías funcionan con un 30 % de su personal faltante, mientras cada una atiende entre 500 y 700 casos, muchos de ellos de alta complejidad. A esto se suma la renuncia de al menos 40 trabajadores en el último año, atribuida a la presión laboral, la precarización, los bajos salarios y la sobrecarga de tareas.

ATE responsabilizó al titular del organismo, Ezequiel Bottini, por el vaciamiento progresivo del sistema y exigió una serie de medidas urgentes, entre ellas: aumento presupuestario, pase a planta permanente de personal precarizado, recomposición salarial y la creación de una carrera administrativa específica para los trabajadores del sector.

Desde el sindicato también hicieron un llamado a organismos públicos y organizaciones sociales para que se involucren en la denuncia: “Los derechos de los pibes y pibas de la ciudad necesitan trabajadores con derechos”, afirmaron, instando al Poder Judicial, la Legislatura porteña, la Defensoría del Pueblo y a organizaciones de la sociedad civil a visibilizar la emergencia y sumarse al reclamo.

La situación denunciada pone en foco las condiciones estructurales del sistema de protección de derechos de la infancia en la Ciudad de Buenos Aires, y reaviva el debate sobre las prioridades presupuestarias y el compromiso estatal en la defensa de los sectores más vulnerables.

 

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