El diputado y dirigente bancario Carlos Cisneros presentó un proyecto junto a Sergio Palazzo para repudiar el fallo judicial de EE.UU. que ordena entregar el control accionario de YPF a fondos extranjeros, y exige al Congreso y al Ejecutivo defender la soberanía energética nacional.
El diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, también referente de la Asociación Bancaria, presentó en el Congreso un proyecto de declaración para repudiar a la reciente sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF S.A. a los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park Capital Management.
La iniciativa parlamentaria, también firmada por el diputado y secretario general de Bancarios Sergio Palazzo, exige al Poder Ejecutivo que agote todas las vías legales y diplomáticas para defender la soberanía nacional y evitar el traspaso de activos estratégicos. Además, subraya la necesidad de cumplir con el artículo 10 de la Ley 26.741, que prohíbe la transferencia de acciones expropiadas de YPF sin autorización del Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
“Este fallo desconoce la soberanía argentina y las atribuciones del Congreso Nacional”, sostiene Cisneros en los fundamentos del proyecto, donde también califica la sentencia como “inaceptable” por ser una intromisión extranjera en asuntos de derecho público nacional.
El proyecto recuerda que la nacionalización de YPF en 2012 fue un acto soberano aprobado por ley y amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, que regula los procesos de expropiación por causa de utilidad pública. La propuesta rechaza, además, que se pretenda forzar a la Argentina a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para accionistas minoritarios, como reclaman los fondos demandantes.
Asimismo, se citan opiniones de especialistas en derecho internacional, como Bernardo Saravia, ex Procurador del Tesoro, quien sostiene que el fallo estadounidense viola la inmunidad soberana del país y que iniciativas legislativas como esta refuerzan la defensa argentina ante instancias de apelación.
“Llamamos a proteger activos estratégicos que son esenciales para la Nación, frente a un fallo que pretende despojarnos de ellos”, concluye el documento legislativo.
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