El Gobierno planea licitar el control mayoritario de AySA antes de fin de año, habilitar cortes por falta de pago y ajustar tarifas por inflación. El cambio en el modelo de gestión del agua corriente de red implicará que los usuarios financien las obras y asumirán más costos en sus boletas.
El Gobierno nacional confirmó que lanzará una licitación pública nacional e internacional para vender el 51% de las acciones de AySA antes de fin de año, con el objetivo de adjudicarla en 2026. El plan oficial incluye cambios clave en el marco regulatorio, como la habilitación del corte del servicio por falta de pago a usuarios residenciales, la actualización de tarifas por inflación y la financiación de nuevas obras a través de las boletas de los usuarios.
Actualmente, AySA puede restringir el servicio a usuarios residenciales solo tras dos períodos impagos y previa intimación fehaciente, protocolo que se mantendría en una etapa de transición. Sin embargo, el nuevo esquema apunta a dar mayores herramientas a la futura concesionaria para garantizar el cobro, algo inédito desde la estatización de la empresa en 2006. El Ejecutivo también busca que las tarifas se ajusten trimestralmente en base a la inflación y que las inversiones necesarias se trasladen al usuario final.
AySA es una de las mayores prestadoras de agua potable y cloacas de América Latina, con más de 11 millones de personas abastecidas y operación en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. A pesar de presentar un superávit operativo de $48.288 millones en 2024, la empresa en manos del Estado arrastra problemas estructurales severos, como una red obsoleta, pérdidas elevadas de agua y morosidad crónica.
El proceso de venta prevé que el remanente accionario del Estado —que hoy posee el 90%— se coloque en la Bolsa en 2026. La administración Milei ya comenzó con presentaciones ante potenciales inversores internacionales, con el acompañamiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo del Banco Mundial. La falta de precisiones sobre el precio base y el contrato de concesión no impidió que haya interés por parte de empresas que también participan en procesos similares en Brasil.
Pese al superávit registrado en 2024, el informe técnico de la empresa sostiene que más del 40% del agua producida se pierde o no se registra, que el 50% de los caños rotos tienen menos de 6 años de antigüedad y que solo el 21,8% del área abastecida cumple con los horarios de provisión establecidos. También advierte que solo una minoría de ciudades cubre el total de sus costos con las tarifas actuales, lo que refuerza el argumento oficial de que se necesita una reformulación del esquema operativo.
El futuro de AySA se enmarca en una serie de privatizaciones que el Ejecutivo busca concretar como parte de su plan de “achicamiento del Estado” y “apertura a la inversión privada”. Sin embargo, el debate promete escalar, ya que la medida afectará directamente a millones de usuarios del AMBA y trasladará al bolsillo ciudadano los costos de inversión.
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