El conflicto en la planta Petroquímica Río Tercero escaló este miércoles con la ocupación del edificio de administración por parte de sus trabajadores, quienes exigen el pago inmediato de sus sueldos. La medida fue votada en asamblea tras confirmarse que la empresa no abonó ningún salario correspondiente al mes en curso.
En un comunicado difundido esta mañana por la Secretaría de Prensa del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero y Zona (SPIQyP), se informó que los trabajadores permanecerán dentro del edificio y no permitirán el ingreso ni egreso de personal directivo hasta que se regularice la situación. “No saldrá nadie hasta que el salario no aparezca ¡Con el salario no se juega!”, afirmaron desde la comisión directiva.
Este nuevo episodio se da en el marco de un conflicto laboral que se extiende desde hace semanas y que, según el sindicato, ya acumula más de 250 despidos y una planta completamente paralizada. El pasado lunes 4 de agosto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba decidió prorrogar por 10 días hábiles la conciliación obligatoria para seguir negociando, medida que no logró revertir el malestar en los trabajadores, quienes denuncian que la empresa no acata lo establecido por la cartera laboral.
En ese encuentro, el gremio dejó constancia de que Petroquímica Río Tercero tenía 48 horas para responder por los incumplimientos durante la conciliación. Sin embargo, la respuesta no llegó, y el conflicto volvió a agravarse con el incumplimiento del pago de haberes.
La audiencia celebrada días atrás en el Ministerio provincial expuso tensiones crecientes. Desde el SPIQyP acusaron a la patronal de montar “un show mediático y dentro de la fábrica”, con el objetivo de amedrentar al personal. Además, denunciaron que la empresa no ha cumplido con ninguna de las obligaciones asumidas durante el período de conciliación, y que incluso estaría incurriendo en una “estafa empresarial”.
La organización sindical afirma que la situación que atraviesan los trabajadores es crítica, tanto en lo económico como en lo humano. “Profesionales y operarios sin salario, sin certezas y con una planta paralizada, mientras las autoridades miran para otro lado”, denuncian. Por eso, reclaman una intervención más decidida por parte del gobierno provincial y nacional.
Desde el gremio insisten en que la continuidad productiva de la planta y la estabilidad laboral de cientos de familias dependen de una resolución inmediata del conflicto. La medida de fuerza adoptada este miércoles, que califican como una “acción de defensa legítima”, apunta a visibilizar la gravedad del escenario y a presionar por soluciones concretas.
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