La diputada y dirigente de trabajadores judiciales Vanesa Siley denunció que el presidente Javier Milei concentró el poder de conducción del INTA en una figura designada por el Ejecutivo, en contra de lo dispuesto por la Ley Bases, y pidió al Senado rechazar los decretos que avalan esta intervención.
La diputada nacional Vanesa Siley (Unión por la Patria) denunció que el presidente Javier Milei intervino de hecho el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en violación a lo establecido por la Ley Bases, y que lo hizo mediante una serie de decretos que concentran el poder de conducción en una única figura designada por el Poder Ejecutivo.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Siley recordó que el artículo 6° de la Ley Bases excluyó expresamente al INTA y a otros organismos estatales de la autorización para ser intervenidos por el Ejecutivo nacional. Sin embargo, afirmó que el Decreto N° 462/2025 eliminó los órganos colegiados de dirección del organismo y creó la figura de un Presidente designado por el propio Milei, con facultades equivalentes a las de un interventor.
Entre esas atribuciones, la legisladora enumeró la conducción general del INTA, la gestión de su patrimonio, la definición de la estructura organizativa, la celebración de acuerdos con organismos públicos y privados —nacionales o extranjeros—, y la determinación de los centros e institutos de investigación necesarios para cumplir sus funciones.
Siley agregó que el Decreto 571/2025 profundizó esta concentración de poder al eliminar la Dirección General del organismo y transferir sus funciones al Presidente/Interventor. “Se ve que para vender todo como pide el FMI le faltaba alguna firma”, ironizó la diputada, que interpretó la medida como parte de un proceso de ajuste y desmantelamiento del sector público.
La legisladora recordó que su bloque ya rechazó el Decreto 462/2025 en la Cámara de Diputados por considerarlo un incumplimiento a las facultades delegadas en la Ley Bases, y llamó al Senado a seguir el mismo camino para “poner fin al avasallamiento” del Gobierno sobre los organismos estatales.
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