La histórica fábrica de cosechadoras santafesina Vassalli, adquirida en enero de 2024 por la familia Marsó, atraviesa atrasos salariales, protestas de la UOM y problemas financieros. El sector prometía repuntar con el perfil económico libertario.
La histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, con sede en Firmat, Santa Fe, atraviesa otro capítulo crítico en su largo historial. Desde el martes, un grupo de operarios realiza asambleas y protestas en el acceso a la planta y sobre la ruta nacional 33 para exigir el pago de salarios atrasados. Según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, la compañía adeuda parte de los haberes de junio, la totalidad de julio y el medio aguinaldo, además de sumas retroactivas.
El malestar estalló cuando la conducción ofreció un adelanto de $300.000 para la semana próxima “si entra un cheque”, propuesta considerada insuficiente por el gremio. “La gente tiene hambre ya. Necesitamos que aparezca el titular de la empresa y explique qué plan tiene para la fábrica”, advirtió Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat a Ámbito Financiero. El dirigente apuntó directamente a Eduardo Marsó, accionista mayoritario desde enero de 2024, a quien los trabajadores aseguran no haber visto en persona.
La compra de Vassalli fue celebrada en su momento como una señal de confianza empresarial apenas asumió Javier Milei como Presidente, luego de años de crisis y cambios de dueños. Sin embargo, el deterioro del mercado de maquinaria agrícola, golpeado por la falta de financiación, la competencia con maquinaria importada y extranjera, junto a la caída de ventas, sumado a problemas financieros propios, dejó a la firma en una situación comprometida.
En este marco, las medidas de fuerza incluyen quema de cubiertas y permanencia en el acceso a la planta, aunque por el momento sin cortes de tránsito.
Fundada en 1949 por Roque Vassalli, la compañía fue emblema nacional de la maquinaria agrícola con sus marcas Don Roque y Vassalli. En su mejor época llegó a producir más de 1.000 cosechadoras anuales, pero desde hace más de una década atraviesa un proceso de reestructuración que incluyó cierres, reaperturas y sucesivos cambios de propietarios.
En 2020 pasó a manos de Esteban Eskenazi, hijo mayor de Enrique, titular del Grupo Petersen, y Matías Carballo, quienes administraron la firma a través de un fideicomiso. Si bien lograron recomponer parcialmente la producción, la crisis macroeconómica y la sequía de 2023 los llevaron a ponerla en venta.
En enero de 2024, el control pasó a Eduardo Marsó, empresario entrerriano, exdueño de la avícola Las Camelias y actual titular de la metalúrgica Albace, proveedora de equipos para frigoríficos e insumos petroleros. La operación se cerró por unos u$s8 millones, con un pago inicial inferior al 10% y el resto a cinco años. Marsó había anunciado una inversión inicial de u$s4 millones para reactivar la planta y “devolverle protagonismo” en el mercado local.
Según registros del Banco Central, Vassalli acumula tres cheques rechazados por falta de fondos por un total de $7,6 millones y ocho más por defectos formales por $4,8 millones, ninguno de los cuales fue abonado.
El sindicato denuncia que los sueldos se pagan en cuotas desde el año pasado y que se arrastran deudas con las cargas sociales. “La situación es crítica, hay trabajadores con problemas para pagar alquileres y casos de amenaza de desalojo”, remarcó Romero.
Para empresas nacionales como Vassalli, que dependen del capital de trabajo para sostener la producción, el escenario de demanda volátil y financiamiento restringido complica aún más su operación. En Firmat, la presión de la UOM y la falta de respuestas empresariales mantienen latente el riesgo de que el conflicto se profundice. “Esperamos no llegar a lo de 2018, cuando la planta estuvo tomada, pero todo depende de la voluntad de pago”, advirtió el gremio.
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