La fiscalía solicitó la detención de once personas, entre ellas las dirigentas de ATE Orán María Julia y Florencia Pizola, tras la protesta municipal reprimida en Hipólito Yrigoyen. Denuncian criminalización de la protesta y advierten que aún no hubo notificación judicial formal.
Las dirigentas sindicales María Julia Pizola, secretaria general de la seccional Orán de ATE, y Florencia Pizola, secretaria de Género y Diversidad del Consejo Directivo Provincial, denunciaron que la fiscalía solicitó su detención y la de otros trabajadores municipales que participaron de la protesta reprimida la semana pasada en la localidad de Hipólito Yrigoyen.
Según confirmaron a través de su abogado, la acusación es por “disturbios en poblado y resistencia a la autoridad”. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dirigentas ni los empleados señalados fueron notificados formalmente ni tuvieron acceso al expediente. El pedido alcanzaría a once personas en total, aunque ningún juez lo firmó todavía. Ante esta situación, la defensa legal presentó una eximición de prisión y un recurso de amparo.
El conflicto se originó en reclamos por recategorizaciones, pase a planta permanente y mejoras laborales para los trabajadores municipales. La protesta del jueves terminó en una represión policial en la que tres personas resultaron gravemente heridas: Marcelo Azalle perdió un ojo y permanece internado con riesgo de meningitis, mientras que Carlos Medina y un vecino identificado como Valdivieso siguen en tratamiento por lesiones oculares.
La dirigente María Julia Pizola cuestionó el accionar judicial y policial: “La Policía mostró solamente el pedido de una fiscal. Si reprimieron así, tranquilamente las detenciones se pueden llevar a cabo solo con ese pedido”, advirtió. Además, recordó que el viernes, tras varias jornadas de protesta, se había firmado un acuerdo con la intendenta Soledad Cabrera, que incluía el compromiso de no avanzar en medidas represivas ni persecuciones.
Desde distintos sectores gremiales expresaron su repudio a los pedidos de detención. Gabriela Ochoa, referenta de la agrupación Anusate, señaló que “esto es una clara política de acallar las voces de las mujeres que luchan”, al remarcar que la orden surgió un día después de que la intendenta enviara a la policía a reprimir y se viera obligada a negociar con las trabajadoras.
En las próximas horas se esperan definiciones judiciales y la llegada de dirigentes nacionales de ATE a Orán para respaldar a las sindicalistas locales. “Yo creo que el fin es amedrentar, disciplinar y criminalizar la protesta de los trabajadores”, concluyó María Julia Pizola, quien aseguró que seguirán activando medidas legales y de difusión para impedir las detenciones.
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