La denuncia de Aerolíneas Argentinas contra ATEPSA por la retención de vuelos reaviva el debate sobre la criminalización de la protesta sindical. Mientras el gremio reclama una paritaria “decente”, el Gobierno endurece su discurso y despliega controles excepcionales en los aeropuertos.
El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de la Seguridad y Protección a la Aeronavegación (ATEPSA) y el Gobierno Nacional por reclamos salariales abrió en las últimas horas un nuevo capítulo, con la denuncia de Aerolíneas Argentinas contra el sindicato por la supuesta retención de vuelos fuera del esquema de paro previamente anunciado.
La línea de bandera acusó al gremio de impedir la salida de nueve vuelos, incluidos dos internacionales, pese a que estaban programados por fuera del horario de la medida de fuerza. La presentación fue realizada ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en lo que constituye un paso hacia la judicialización de la protesta laboral.
El gremio, que había anunciado retenciones escalonadas en distintos días de agosto, sostiene que sus acciones responden al estancamiento paritario. Mientras el Gobierno ofreció un incremento cercano al 1% mensual —alineado con el resto del sector público—, los representantes sindicales reclaman una propuesta “decente” que contemple el atraso salarial.
Las medidas de fuerza ya derivaron en la cancelación de 44 vuelos y la demora de otros 59 en una sola jornada, con más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales afectados. Según Aerolíneas, solo el sábado último más de 800 personas quedaron varadas por vuelos que no pudieron despegar con pasajeros ya a bordo.
El Gobierno, a través de EANA, acusó directamente a la conducción sindical de “no querer negociar” y de responder a “cuestiones partidarias ideológicas”. Incluso señaló a la secretaria general Paola Barritta como referente de un “sindicato kirchnerista” cuya estrategia sería la del “conflicto permanente”.
Desde el gremio rechazan esa caracterización y denuncian que se trata de un intento de deslegitimar el reclamo salarial mediante el señalamiento político y la persecución judicial. “No se trata de obstaculizar el servicio, sino de poner en evidencia que sin condiciones laborales dignas no hay seguridad aérea posible”, señalaron fuentes gremiales.
El operativo de fiscalización desplegado por la ANAC en todo el país, para garantizar un mínimo del 45% de los despegues, muestra la tensión entre el derecho constitucional a huelga y la presión por asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
Especialistas en derecho laboral advierten que el conflicto actual es un ejemplo del avance de la criminalización de la protesta gremial, donde medidas de fuerza reconocidas como legítimas en tratados internacionales terminan derivando en denuncias penales, operaciones mediáticas y sanciones administrativas.
Mientras tanto, el plan de lucha de ATEPSA continuará durante toda la semana con paros escalonados. La confrontación, lejos de resolverse, expone un escenario en el que las demandas laborales corren el riesgo de quedar subordinadas a un relato oficial que busca presentar cada medida sindical como un “delito” antes que como un conflicto social.
INFOGREMIALES
