Trabajadores del Ministerio Público Tutelar volvieron a cuestionar la gestión de Carolina Stanley, actual responsable del organismo judicial y exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Mauricio Macri. Denuncian favoritismos, falta de insumos y condiciones laborales precarias.

Trabajadores del Ministerio Público Tutelar acusaron a la funcionaria Carolina Stanley de “favoritismos” y de desatender los reclamos gremiales. En los últimos días, aparecieron afiches en el centro porteño luego de agotarse las instancias de diálogo con la funcionaria. El reclamo se intensifica con críticas directas a la conducción de Stanley.

El secretario adjunto de SITRAJU CABA, Federico Romano, afirmó: “Lo que le estamos pidiendo a Carolina Stanley es que escuche los reclamos y que brinde soluciones concretas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Hay oficinas en las cuales no se cubren vacantes que se generaron hace tiempo, hay recategorizaciones pendientes. Un conjunto de situaciones que termina afectando el normal servicio de la justicia, que afecta a la gente. A eso se le suma la animosidad que tiene para con nuestro sindicato y nuestros compañeros”.

Por su parte, la secretaria gremial Fernanda Córdoba agregó: “Conseguimos los viáticos para los trabajadores que desarrollan tareas en barrios populares y a Carolina Stanley no le gustó. Primero les sacó las cajas chicas y después el reintegro del remis para ingresar a los barrios. El trabajo territorial para la señora Stanley no existe, no muestra interés en cuidar a los trabajadores”.

Desde SITRAJU también denunciaron incumplimientos en materia de acceso a la información pública y un manejo negligente de datos confidenciales de los trabajadores.

En un comunicado, el sindicato advirtió: “Si se precariza y se abandona al conjunto de laburantes que se sacrifican y que trabajan a diario por las personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, no hay manera de garantizar la función social de la Asesoría Tutelar”.

Con los canales de negociación cerrados, los judiciales evalúan nuevas medidas de protesta. El malestar apunta directamente a Stanley, a quien acusan de priorizar la imagen por sobre la gestión, en un contexto donde los reclamos por mejores condiciones laborales siguen sin respuesta.

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