La Superintendencia de Riesgos del Trabajo habilitó acuerdos económicos entre ART o empleadores y trabajadores, cuando tras el alta, no hubieran secuelas incapacitantes. A través de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales se determinarían las compensaciones con trabajadores dados de alta sin incapacidad permanente.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dispuso que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), así como empleadores autoasegurados o no asegurados, podrán ofrecer compensaciones económicas a trabajadores que reciban el alta médica sin incapacidad permanente. La medida quedó establecida a través de la Resolución 41/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El mecanismo, de carácter optativo, permitirá la homologación de acuerdos compensatorios sin que ello implique un reconocimiento de incapacidad laboral ni genere acceso a las prestaciones dinerarias previstas en la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. Según la norma, se trata de una solución transitoria y excepcional, diferenciada claramente de las indemnizaciones contempladas para casos de incapacidad permanente.
La resolución, firmada por el superintendente Gustavo Darío Morón, busca ofrecer una vía administrativa que permita dar cierre a conflictos derivados de accidentes o enfermedades laborales que no dejen secuelas. De esta manera, se apunta a reducir la litigiosidad en la materia, que en los últimos años se incrementó.
El procedimiento se tramitará ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, en el marco de la Ley 27.348. Allí se citará a una audiencia en caso de existir voluntad de acuerdo por parte de la ART o el empleador. Si las partes alcanzan un entendimiento, la homologación tendrá autoridad de cosa juzgada administrativa, otorgando certeza jurídica al convenio.
Desde la SRT explicaron que la medida persigue el objetivo de “garantizar soluciones ágiles y definitivas”, evitando que estos casos lleguen a instancias judiciales y generen sobrecarga en los tribunales. En paralelo, se busca contener los costos del sistema de riesgos del trabajo, afectados por una creciente litigiosidad en reclamos sin incapacidad comprobada.
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