ATE cuestionó el decreto 695/2025 que habilita la venta parcial de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA). El sindicato de estatales advirtió que la empresa no es deficitaria, que su privatización afectará los derechos laborales y que encarecerá el costo de la energía.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de la generación de energía en las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
El sindicato advirtió que el decreto 695/2025, próximo a publicarse, “está viciado de nulidad”, al tiempo que denunció que los argumentos oficiales sobre un supuesto déficit de la compañía “no se sostienen en la realidad”. Desde ATE sostienen que la medida “profundiza el ajuste sobre la clase trabajadora y amenaza el desarrollo científico y tecnológico” en un área considerada estratégica para el país.
Ernesto Simionato, delegado de ATE en las centrales Atucha I y II, señaló que “la energía nuclear en Argentina es un pilar estratégico para el desarrollo económico, tecnológico y social”. Además, advirtió que la paralización de proyectos clave —como el CAREM-25, el reactor RA-10 y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)— ha afectado la investigación, la producción y el empleo calificado. “El proyecto CAREM está totalmente detenido, con alrededor de 1.500 despidos. Solo permanecen unos 150 trabajadores estatales sosteniendo tareas mínimas por falta de presupuesto”, precisó.
Desde el gremio remarcaron que NASA es una empresa superavitaria y que su eventual privatización podría implicar una reducción de personal, menor inversión en mantenimiento y capacitación, y una suba del costo de la energía. Actualmente, el megavatio generado en las centrales nucleares cuesta unos 62 dólares, pero con la gestión privada podría elevarse a 100 dólares, según estimaciones sindicales.
ATE también recordó que la empresa es clave en la formación de conocimiento tecnológico nacional, y que su vaciamiento comenzó en 2018 con el despido de más de 300 trabajadores. “La privatización significaría un golpe aún más duro para la comunidad de Zárate y la zona de influencia”, alertaron.
Frente a este escenario, la organización sindical anunció que presentará un amparo judicial para declarar la nulidad absoluta del decreto y convocó a legisladores y a la sociedad a “defender la industria nuclear estatal”. Además, exigió la reactivación de los proyectos paralizados y un financiamiento sostenido para la ciencia, la tecnología y el trabajo argentino.
Aunque Nucleoeléctrica Argentina opera como sociedad anónima, el 100% de su capital accionario pertenece al Estado argentino, a través del Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
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