El Gobierno prevé llamar a licitación en el primer trimestre de 2026 para privatizar el 90% de AySA, tras lograr su primer superávit operativo a costa de aumentos mensuales automáticos de tarifas y reducir la planta de trabajadores a 6200. Bajo esta gestión, coordinada por el Banco Mundial, también se habilitó el marco regulatorio que permite el ingreso de un operador estratégico privado. El 10% queda en manos del sindicato SGBATOS de Obras Sanitarias.
El Gobierno avanza con uno de los procesos de privatización más relevantes de su agenda: la transferencia del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a inversores privados antes del mes de abril. Tras el impulso político obtenido con el triunfo legislativo de octubre y la aprobación de la versión reducida de la Ley Bases, la administración nacional espera concretar la licitación durante el primer trimestre de 2026. El 10% restante de las acciones seguiría en manos del sindicato que encabeza históricamente José Luis Lingieri SGBATOS.
La gestión de AySA, encabezada desde hace 20 meses por Alejo Maxit, quien coordina el proceso con la Corporación Financiera Internacional (IFC, sus siglas en inglés) del Banco Mundial, se centró en sanear las cuentas de una compañía que registró déficits estructurales desde su reestatización en 2006. El rumbo privatizador no es nuevo: ya había sido trazado por decreto en julio, y más recientemente reforzado por un DNU que actualizó el marco regulatorio para su eventual reprivatización.
La IFC participó también en la concesión de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp), que se cerró a mediados de 2024. Según Letra P, el contrato paulista fue una versión de otras experiencias previas de la IFC en este tipo de privatizaciones.
Desde comienzos de 2024, con Maxit a la cabeza, AySA puso en marcha un plan de ajuste para lograr superávit que incluyó un aumento tarifario del 209% y actualizaciones mensuales automáticas. Paralelamente, se impulsó un fuerte recorte de gastos, la reorganización interna y un plan de retiro voluntario que redujo la plantilla a 6200 empleados.
De cara a la licitación, el decreto 494/25 establece que al menos el 51% de las acciones se adjudicará a un Operador Estratégico (OE) con capacidad técnica y financiera para gestionar el servicio y ejecutar inversiones. El objetivo, según fuentes oficiales, es garantizar una administración profesional, capaz de sostener y ampliar la red de agua potable y cloacas bajo estándares internacionales. El resto del paquete estatal será colocado en el mercado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El marco regulatorio actualizado por el DNU 805/25 define un sistema tarifario con revisiones quinquenales a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que deberá asegurar ingresos suficientes para cubrir costos, tributos e inversiones, permitiendo una rentabilidad comparable a la de otros sectores de riesgo similar. También habilita el corte de suministro ante moras de más de 60 días en usuarios residenciales y 15 días en no residenciales.
Con estas condiciones, la gran incógnita es cuántos y cuáles serán los grupos interesados en la adquisición mayoritaria de AySA. Se trata de la segunda concesión más relevante de la región, después de Brasil, y su atractivo podría potenciarse con créditos blandos de organismos internacionales o mediante la expansión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Según Letra P, dos consorcios brasileños, uno francés y el grupo Roggio son los interesados en meterse en la pulseada por AySA. El Banco Mundial dirige el proceso y el gobierno de Javier Milei espera entregar la llave de la compañía antes de abril.
