Un informe del Centro de Investigación de la AJB revela que en 14 años las causas aumentaron un 626%, pero la planta de personal y la infraestructura judicial crecieron muy por detrás. Con juzgados saturados, vacantes sin cubrir y 12 sedes creadas por ley aún sin habilitar, el acceso a la justicia en casos de niñez, violencia y género enfrenta un deterioro cada vez más grave.
El último relevamiento del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB) expone una realidad cada vez más crítica en los Juzgados de Familia de la provincia de Buenos Aires. Según el informe, elaborado a partir de los datos oficiales de la Suprema Corte bonaerense, el fuero atraviesa una crisis estructural: mientras el volumen de causas creció de manera exponencial en los últimos 14 años, los recursos humanos y materiales asignados avanzaron muy por detrás.
Los números reflejan un incremento histórico. En 2024 se iniciaron 300.261 expedientes, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior pero que marca el tercer período consecutivo por encima de las 300.000 causas. En 2010, en cambio, apenas se superaban las 41.000, lo que revela un salto acumulado del 626%. Aunque el pico se registró en 2022 y 2023, el volumen actual continúa muy por encima de los niveles previos, consolidando una tendencia que no parece detenerse.
El crecimiento, además, se distribuye de manera desigual en el territorio bonaerense. Departamentos judiciales como Avellaneda–Lanús, Morón, Quilmes–Florencio Varela y San Isidro encabezan el aumento en la última década. Y en el corto plazo se registraron incrementos tan abruptos como los de Escobar (+90%), Pehuajó (+47%) y Moreno–General Rodríguez (+8%). Esa disparidad se traduce en una sobrecarga extrema para algunos juzgados: lugares como Escobar, Moreno, Zárate–Campana y Tigre triplican el promedio provincial de expedientes, lo que repercute en mayores demoras y deterioro en la calidad de atención.
Pese a este escenario, el refuerzo de personal ha sido parcial e insuficiente. Entre 2010 y 2024 la planta se incrementó un 143%, muy por debajo del crecimiento de las causas. En los últimos cuatro años se incorporaron 393 trabajadores, aunque la mayoría fue destinada a la apertura de nuevos juzgados y no a aliviar la presión en los más saturados. A esto se suma que 25 juzgados perdieron personal, 14 no tuvieron modificaciones y 17 cargos de magistraturas continúan vacantes, muchos sin suplencias ni subrogancias.
El déficit se agrava con otra problemática: la falta de habilitación de 12 juzgados ya creados por ley y ubicados en zonas críticas como San Miguel, Tigre, Berazategui, Merlo, Chacabuco, Mar del Tuyú y Bahía Blanca. La Suprema Corte había advertido ya en 2019 la necesidad de crear al menos 16 organismos adicionales, pero cinco años después buena parte de esas recomendaciones no se ha concretado, evidenciando una falta de decisión política para abordar el problema de raíz.
Este contexto repercute directamente en el derecho de acceso a la justicia. El Fuero de Familia interviene en asuntos especialmente sensibles como violencia, alimentos, niñez, salud, género y cuidado parental, donde los tiempos y la especialización resultan determinantes. La saturación crónica no solo afecta la calidad del servicio, sino también las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema.
Desde la Asociación Judicial Bonaerense insisten en la necesidad de medidas urgentes: habilitar los juzgados pendientes, cubrir todas las vacantes, reforzar las plantas existentes y diseñar una planificación integral que contemple la demanda real de cada departamento judicial. En un fuero que atiende los conflictos más delicados de la vida cotidiana, advierten, seguir postergando estas decisiones pone en riesgo derechos fundamentales.
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