La Justicia de Misiones condenó a dos dirigentes docentes por el acampe de 2024, que incluyó protestas de diversos estatales hasta de policías, y que tuvo carácter asambleario y autoconvocado. Los gremios preparan paros y movilizaciones mientras la defensa advierte que el fallo podría convertirse en un grave antecedente nacional.
La condena a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez generó un fuerte impacto en Misiones. El fallo, dictado por la jueza Marcela Leiva, les impuso 10 y 8 meses de prisión en suspenso respectivamente, además de tareas comunitarias, por desobediencia judicial y obstrucción del tránsito durante el acampe docente de 2024 sobre la avenida Uruguay de Posadas.
La sentencia, sin precedentes, provocó el inmediato rechazo de la CTA Autónoma y de sindicatos docentes no oficialistas, que convocaron a un paro provincial de 24 horas y asambleas zonales para este jueves 27. Además, anunciaron una movilización al Palacio de Justicia el próximo lunes 1/12, cuando se leerán los fundamentos del fallo. Desde la defensa, anticiparon que apelarán la condena en todas las instancias disponibles, incluso internacionales.
Según el comunicado de la CTA Misiones, el juicio evidenció un “débil trabajo probatorio” de la fiscal María Laura Álvarez, cuyos testigos, principalmente agentes policiales, no habrían respaldado su acusación. La central sindical remarcó que el expediente atribuyó a Gurina y Sánchez una capacidad de “dirección absoluta” sobre la protesta, interpretación que desconoce el carácter asambleario del conflicto y la prevalencia constitucional del derecho a manifestarse.
En 2024 hubo una ola de protestas de trabajadores de la educación, salud y hasta de policías que tuvo en vilo al país. Las movilizaciones docentes de aquel período respondieron a un clima de creciente conflicto en el ámbito educativo de la provincia, marcado por fuertes reclamos de recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales que confluyeron momentáneamente con reclamos de Personal Policial y Penitenciario provincial. Diversos sindicatos, agrupaciones de base y colectivos docentes protagonizaron una serie de protestas, cortes de ruta y acampes en distintos puntos del territorio misionero.
La condena se centró en la supuesta desobediencia de una orden judicial que exigía despejar la avenida Uruguay. Según la fiscal, el proceso “no buscó criminalizar la protesta”, sino sancionar hechos que, a su criterio, constituyeron delitos cometidos durante una manifestación.
La defensa, en cambio, insistió en que no existieron pruebas que ubicaran a Gurina y Sánchez como responsables de conducir el acampe. La abogada Roxana Rivas destacó a Clarín que “este conflicto se resolvió en sede administrativa”. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan liderado la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un poder de dirección en los hechos”, agregó. Recordaron que el conflicto salarial se resolvió con un acuerdo firmado por el Gobierno, que incluía el compromiso de no aplicar sanciones judiciales ni administrativas a los docentes movilizados. Los abogados defensores consideraron «un error trágico» la condena porque desconoce la naturaleza la protesta social: visibilizar un conflicto.
Durante la última audiencia, Sánchez se dirigió a la jueza Leiva para defender la legitimidad de la movilización docente. “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia”, afirmó. Advirtió, además, que la condena podría sentar un precedente nacional: “Si nos condenan, se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”.
El fallo final llegó dos horas después y abrió un nuevo capítulo en el debate por el derecho a la protesta en Argentina. Mientras las organizaciones sindicales se preparan para nuevas medidas, la justicia misionera se apresta a dar a conocer los fundamentos de una sentencia que marca un antes y un después en la Justicia de Misiones.
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