El exministro de Trabajo Carlos Tomada alertó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei es regresiva, carece de aspectos positivos y corre el riesgo de ser aprobada mediante la compra de voluntades en el Congreso, evocando el antecedente de la Ley Banelco.
El exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa “no tiene nada destacable como positivo”, además de alertar sobre el riesgo de que sea aprobada mediante prácticas similares a las que rodearon a la denominada Ley Banelco en el año 2000.
En declaraciones radiales, Tomada expresó su preocupación por el escenario político de las próximas semanas, de cara al debate parlamentario previsto para febrero. “Tengo una preocupación respecto de cómo vamos a transitar de acá al 10 de febrero”, afirmó, al tiempo que calificó la propuesta oficial como “una ley pre-yrigoyenista”, en referencia a su carácter regresivo en materia de derechos laborales.
El exfuncionario cuestionó uno de los argumentos centrales del oficialismo y del sector empresario, al señalar que el problema del empleo no reside en las indemnizaciones. “No creo que las indemnizaciones sean el problema fundamental. No creo que sea esa la razón por la que 20 mil empresas quebraron en estos dos años. Creo que tiene más que ver con las políticas económicas, que son el verdadero problema”, sostuvo.
En ese marco, Tomada advirtió que el Gobierno podría intentar reunir los votos necesarios para aprobar la reforma a través de la compra de voluntades en el Congreso. “Estamos asistiendo, de una manera naturalizada, a una compra de votos. Cada día que pasa se parece más a la Ley Banelco. Ese es el riesgo: una ley sospechada. Y eso no es bueno”, afirmó.
El exministro también se dirigió al sector empresario, al que instó a reflexionar más allá de los beneficios inmediatos que podría ofrecer la reforma. “Desde el punto de vista empresario, por más de que es una ley pro-patronal, se debería procurar cierta seguridad jurídica y respeto por las normas constitucionales”, señaló.
Por último, Tomada hizo un llamado a la oposición política y al movimiento sindical para que se movilicen de manera organizada contra el proyecto. Propuso un plan de acción que incluya no solo medidas de fuerza, sino también instancias de debate e información pública. “No es solamente paro. Es recolección de firmas, explicaciones en la calle, debates en las plazas. Los delegados de fábrica y los militantes del campo nacional y popular tienen el compromiso de asumir esta tarea. Es muy grave si esta ley pasa”, concluyó.
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