El gremio de estatales del INDEC alertó que un salario mínimo debería ser de $2.136.860 para cubrir las necesidades básicas de un hogar tipo y denunció una pérdida histórica del poder adquisitivo de los estatales. El gremio acusó al Gobierno de aplicar un ajuste deliberado y llamó a movilizarse y parar contra la reforma laboral.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) INDEC volvió a denunciar el fuerte deterioro de los salarios y las condiciones laborales en el sector público y acusó al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste “deliberado y premeditado” sobre los ingresos, el empleo y los derechos de las y los trabajadores. La advertencia surge de la actualización del ejercicio “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?”, que mide la pérdida del poder adquisitivo.
Según el relevamiento, en diciembre de 2025 un trabajador o trabajadora necesitó un salario de bolsillo de $2.136.860 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar tipo, integrado por una pareja con dos hijos en edad escolar. Ese monto se compone de una canasta alimentaria básica de $729.753 y otros $1.407.107 destinados a bienes y servicios esenciales. Desde el sindicato remarcaron que “ningún salario por debajo de ese valor garantiza una vida digna”.
ATE INDEC advirtió que los salarios estatales se encuentran muy lejos de ese piso. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada fue del 259,4%, mientras que el salario testigo del SINEP Nivel D Grado 0 perdió un 29,7% de poder adquisitivo. De acuerdo al informe, si el ingreso de diciembre de 2015 se hubiera actualizado por inflación, hoy debería ubicarse en $1.483.708, pero el salario real apenas alcanza los $656.153, lo que implica una pérdida del 55,8%, equivalente a 41 canastas básicas totales.
El deterioro salarial se da en paralelo con una profunda degradación del mercado laboral. Según datos oficiales y de distintos centros de análisis citados por el gremio, desde el inicio de la actual gestión se perdieron entre 270.000 y 280.000 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 19.000 empresas. Este retroceso, señalaron, se traduce en más precarización, informalidad y monotributización forzada, con menos derechos y menor protección social.
La situación de los monotributistas fue calificada como “especialmente grave”. A la pérdida general del poder de compra se suma la negación de derechos básicos como el aguinaldo y las recomposiciones salariales reales. Con ingresos mensuales de $776.932,22, quienes prestan tareas bajo esta modalidad en el organismo acumularon una pérdida de $5.658.066 en los últimos 94 meses, el equivalente a más de siete meses completos de honorarios.
ATE INDEC, además, rechazó de manera categórica la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y aseguró que no se trata de una modernización, sino de “un ataque directo a los derechos conquistados”. El sindicato convocó a movilizarse y a parar el día que el proyecto se trate en el Congreso, y llamó a construir un plan de lucha nacional, sostenido y unitario. Entre sus principales reclamos figuran la reapertura inmediata de paritarias sin techo, un aumento de emergencia del 52%, ningún salario ni jubilación por debajo de la canasta mínima, el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y la reincorporación de los despedidos.
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