El titular de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, denunció despidos masivos, informalidad laboral y evasión impositiva en YPF, cuestionó el ajuste de tarifas y advirtió que la empresa impulsa una “reforma laboral encubierta” en Vaca Muerta, con reemplazo de choferes por trabajadores externos y con «camiones blancos», que transportan combustibles sin autorización, por lo que el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM), Hugo Moyano, lanzó duras críticas contra YPF por las recientes medidas adoptadas por la empresa y adelantó que el gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” ante lo que calificó como una situación de extrema gravedad para el empleo, la seguridad laboral y el ambiente.
Las definiciones fueron expresadas en un documento formal que el dirigente sindical hizo llegar al directorio de la petrolera de bandera, en el que manifestó su “profunda preocupación” por decisiones que, según advirtió, ponen en riesgo miles de puestos de trabajo genuinos, promueven la informalidad laboral y generan un severo pasivo ambiental en distintas regiones del país.
Moyano lamentó especialmente la ola de despidos registrada en varias provincias y acusó a YPF de abandonar yacimientos petrolíferos convencionales, lo que, afirmó, provoca daños ambientales de enorme magnitud. En ese sentido, detalló que existen al menos 55 yacimientos abandonados en provincias como Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Salta, Mendoza, Neuquén y Río Negro, y sostuvo que el pasivo ambiental resultante “equivale al valor de mercado de la propia YPF”.
“El cierre intempestivo de operaciones ha generado la destrucción de puestos de trabajo, un daño profundo al tejido social y un fuerte impacto negativo en las economías regionales”, denunció el líder camionero, quien estimó que la pérdida de empleo supera los 20.000 trabajadores, como consecuencia de despidos encubiertos y del proceso de concentración de la operatoria en Vaca Muerta.
Moyano también acusó a la empresa de promover la evasión impositiva y laboral, lo que desfinancia al Estado y a la seguridad social. “A pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal, YPF termina siendo cómplice de la promoción de la informalidad y la evasión”, sostuvo.
El dirigente respaldó sus afirmaciones con inspecciones realizadas por la Federación de Camioneros en noviembre y diciembre de 2025 en la localidad de Añelo, donde se relevaron cerca de 500 camiones diarios. De acuerdo al gremio, los controles detectaron graves deficiencias en la registración laboral, subdeclaración de kilometraje, trabajadores no registrados y diversas formas de fraude laboral.
Otro de los ejes centrales del reclamo apunta a una reciente decisión de YPF en Vaca Muerta vinculada al ajuste de tarifas, cuya estructura de costos no contempla el cumplimiento del convenio colectivo 40/89. Para el gremio, esta medida implica una “reforma laboral encubierta” que precariza el transporte y elimina la denominada “última milla”, que es el tramo final de transporte desde centros de distribución hasta los pozos petroleros.
De acuerdo a la denuncia, esta modificación fuerza el ingreso directo al pozo de trabajadores de larga distancia en reemplazo de choferes petroleros locales encuadrados en el convenio específico, eludiendo requisitos de seguridad que hasta ahora eran obligatorios. “Se trata de una decisión arbitraria, basada en un profundo desconocimiento de la actividad y de los riesgos que implica”, remarcó Moyano.
El titular de FEDCAM también cuestionó el “doble estándar” de YPF en materia de control del transporte de combustible. Mientras —según señaló— se aplican exigencias estrictas a los denominados “camiones de bandera” (CIF), existe una proliferación de “camiones blancos” (FOB) que transportan combustible sin controles ni exigencias, pese a operar con productos de la misma empresa.
Frente a este escenario, Moyano informó que la Federación presentó una denuncia formal y exigió el mantenimiento de las fuentes de trabajo, el cumplimiento estricto del convenio colectivo 40/89 y de la normativa laboral y de seguridad vigente. Además, advirtió que, de no obtener una respuesta inmediata y satisfactoria, el gremio recurrirá a la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ARCA y otros organismos competentes.
Finalmente, el dirigente confirmó que Camioneros se encuentra en estado de alerta y movilización ante “la delicada situación que afecta gravemente a los trabajadores representados”, dejando abierta la puerta a futuras medidas de fuerza.
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