Luego de haber movilizado para mostrar su disconformidad con la iniciativa libertaria, las 62 Organizaciones aseguraron que la Reforma Laboral es «un ataque directo a las conquistas históricas de los trabajadores» y le pidieron a los diputados de la nación «el rechazo total del proyecto».
«Rechazamos de manera total y absoluta el proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya obtuvo media sanción en el Senado y se encamina ahora a su instancia definitoria en la Cámara de Diputados de la Nación», abre un posicionamiento con el que las 62 Organizaciones Peronistas le reclamaron a los diputados «el rechazo total del proyecto» de Reforma Laboral.
El espacio que conduce José Ibarra aseguró el texto del oficialismo representa «un ataque directo a las conquistas históricas de los trabajadores» y que «representa un retroceso histórico que vulnera derechos fundamentales, debilita la organización sindical y reinstala un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad, la desprotección y la pérdida de garantías esenciales para la clase trabajadora».
Además plantean que la Reforma viola los Derechos Humanos, «reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un conjunto de garantías autónomas, justiciables y protegidas por la Convención Americana» y el Principio de Progresividad y No Regresividad, «consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
Para «las Seis Dos» en el texto se «vulneran normas constitucionales y tratados internacionales» y «propone mecanismos que deslaboralizan relaciones de trabajo, limitan la solidaridad laboral y fomentan figuras no contributivas que condenan a los trabajadores a una vejez sin cobertura adecuada».
Respecto de su impacto en las organizaciones, enumeran que el proyecto es un ataque directo que debilita la negociación colectiva por actividad; restringe el derecho constitucional de huelga; elimina la Justicia del Trabajo especializada; avanza hacia la voluntarización de aportes sindicales a partir de 2028; y facilita la precarización mediante bancos de horas y topes indemnizatorios.
«La evidencia histórica y comparada demuestra que las reformas regresivas no crean empleo, sino que precarizan el existente y transfieren recursos del trabajo al capital sin beneficio social verificable», aseguran.
Y cierran: «Cualquier intento de reforma laboral debe partir del respeto irrestricto al piso de derechos fundamentales, fortaleciendo la productividad a través de la inversión y la innovación, nunca mediante la expoliación de derechos que condena a los trabajadores a la indignidad y la zozobra».
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