El gremio estatal ATE Capital resolvió una jornada de paro y movilización en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso y denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo. También convocó a un “abrazo“ al Hospital Garrahan y advirtió sobre persecución sindical en el sector público. Daniel Catalano advirtió que la reforma argentina pretende ser “un antecedente para disciplinar a toda América Latina“.
La conducción de ATE Capital resolvió convocar a un paro y movilización para el próximo viernes, con concentración previa en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, anunciaron que este jueves 26 realizarán un “abrazo” simbólico al Hospital Garrahan, en el marco del conflicto que atraviesa el sector estatal.
La decisión fue adoptada durante un plenario encabezado por el secretario general, Daniel Catalano, quien presentó un informe sobre las medidas de fuerza que el gremio viene impulsando contra la reforma laboral en debate en el Congreso para el período 2025-2026.
Durante el encuentro, la Secretaría Gremial y la Secretaría de Convenios Colectivos expusieron sobre el impacto que, según advirtieron, tendrá la reforma laboral sobre los empleados públicos. Desde el sindicato sostienen que la iniciativa implica “un profundo retroceso en los derechos” de los trabajadores.
Entre los puntos cuestionados mencionaron cambios en el cálculo de indemnizaciones —con exclusión del Sueldo Anual Complementario (SAC), vacaciones y premios—, la implementación de un banco de horas que permitiría compensar horas extra con francos en lugar de abonarlas con recargo, y la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias.
También señalaron la introducción de vacaciones fraccionadas, modificaciones en el régimen de justicia laboral que, afirman, debilitan los reclamos de los trabajadores, mayor precarización para monotributistas y restricciones a la actividad sindical, incluyendo el derecho a huelga y la negociación colectiva.
Desde ATE Capital advirtieron que la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años ronda entre el 40% y el 45%. A ese escenario sumaron la intención oficial de eliminar el presentismo y el bono o suma fija, lo que, según estimaron, implicaría una reducción de 107.000 pesos mensuales en los ingresos de los estatales, en un contexto sin actualizaciones salariales desde fines de 2025.
El gremio también denunció persecución sindical contra delegados y delegadas, con apertura de sumarios administrativos y amenazas de cesantías, mencionando como ejemplo situaciones registradas en el Hospital Garrahan y otras dependencias estatales. Señalaron que, si bien la Justicia frenó algunos casos, “la ofensiva continúa”.
“Debemos seguir resistiendo la reforma laboral en las calles y en el Congreso”, manifestaron desde la organización, al tiempo que llamaron a profundizar la lucha por la recuperación salarial del sector público.
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