En la última audiencia judicial Garbarino admitió que no consiguió interesados y el único anotado no presentó oferta para comprarla. Sólo tiene 3 locales abiertos con actividad prácticamente nula y 18 empleados que los sostienen. Llegó a tener una planta de personal de 5 mil personas.
Garbarino parece ya no tener punto de retorno. En la audiencia informativa del 24 de febrero, la compañía reconoció ante el tribunal que no logró atraer inversores para sostener el salvataje judicial, mientras que la única sociedad externa que se había inscripto en el proceso tampoco presentó una propuesta formal.
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, quien había habilitado el procedimiento de cramdown para permitir que terceros formularan ofertas y evitar la quiebra. Sin embargo, ese mecanismo, considerado la última instancia antes de la liquidació, quedó virtualmente desierto.
El resultado implica que el proceso dejó de depender de una negociación empresarial para pasar a ser una definición estrictamente judicial. En términos técnicos, el salvataje perdió sustento real.

El cuadro presentado en el último informe de sindicatura, dado a conocer por Ámbito Financiero, es alarmante. Durante enero de 2026, la empresa registró ventas totales por apenas $1,7 millones, no realizó compras de mercadería y mantuvo cerrado su canal online. El stock disponible ronda las 1.600 unidades, en su mayoría productos desactualizados o de escasa rotación, lo que reduce su valor comercial efectivo.
La operación minorista también refleja el vaciamiento. Solo continúan abiertos tres locales (Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro) y uno de ellos funciona de manera intermitente debido a la falta de pago salarial al responsable del punto de venta. La dotación se ubica actualmente en 18 empleados, cifra que contrasta con los más de 5.000 trabajadores que llegó a tener la compañía en su etapa de mayor expansión nacional.
Con la audiencia ya realizada y sin propuestas sobre la mesa, el expediente quedó reducido a una definición judicial. En el plano técnico, el caso refleja una empresa que dejó de operar como negocio y que solo persiste en términos formales dentro del proceso. El desenlace dependerá de la resolución que adopte el juzgado, aunque el escenario dominante entre acreedores y especialistas es que el margen para evitar la quiebra se volvió extremadamente estrecho.
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