El empresario de la construcción Iván Szczech aseguró que la paralización de proyectos desde fines de 2023, por decisión de la gestión de Javier Milei, provocó despidos masivos, obras inconclusas y una fuerte caída de la actividad. Como los contratos estaban vigentes, las empresas involucradas iniciaron reclamos legales contra el Estado nacional. También reclamó una política de Estado que defina prioridades en infraestructura.
El empresario entrerriano Iván Szczech, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), dialogó con La Fábrica Podcast donde advirtió sobre el fuerte impacto que tuvo la paralización de la obra pública desde fines de 2023, situación que provocó una fuerte caída del empleo, en la facturación y la actividad en toda la cadena productiva del sector.
Szczech señaló que su empresa pasó de tener más de 2.000 trabajadores a apenas 500 en pocos meses como consecuencia directa de la interrupción de los contratos de obra pública. “Los 1.500 empleados se fueron de golpe, entre enero de 2024 y marzo de 2024”, explicó, al tiempo que remarcó que la caída también afectó a proveedores y al volumen de proyectos en ejecución.
El empresario detalló que, al momento del freno de los contratos, la firma se encontraba ejecutando cerca de 300.000 metros cuadrados de obras, principalmente desarrollos urbanos y proyectos de infraestructura en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Avellaneda, Lomas de Zamora, Escobar, Zárate, Malvinas Argentinas y Castelli.

Entre las obras paralizadas mencionó barrios con infraestructura completa, rutas, acueductos, plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de agua, además de hospitales. Según explicó, muchos de estos proyectos contaban con contratos vigentes que quedaron inconclusos. “Teníamos los contratos vigentes y se dejaron de hacer. La obra quedó a la mitad y obviamente estamos en una situación legal”, afirmó.
El ex titular de Camarco sostuvo que la situación no afecta únicamente a su empresa, sino que se trata de un fenómeno generalizado en el sector. En ese sentido, aseguró que la paralización de obras y la falta de continuidad de convenios entre Nación y provincias contribuyeron a una caída cercana al 30% de la actividad, tanto en facturación como en la venta de materiales, además de la pérdida de unos 120.000 puestos de trabajo en todo el país.
Finalmente, Szczech planteó la necesidad de avanzar en una política de Estado que defina prioridades en materia de infraestructura. “Lo que no hemos logrado nunca es que haya una política de Estado para determinar cuáles son las obras prioritarias. Ya que tenemos pocos recursos, hay que definir cuáles son las obras que realmente necesitamos para que la economía pueda crecer”, concluyó.
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