La CGT rechazó la reforma de la Ley de Glaciares: “Sin glaciares no hay agua, sin agua no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro”

La CGT cuestionó la modificación de la Ley de Glaciares al considerar que favorece intereses extractivos, debilita controles ambientales y pone en riesgo recursos clave como el agua. También rechazó el argumento «federalista» y aseguró que en la práctica se debilitan los controles ambientales y se pasa por alto el conocimiento científico producido al respecto.

 

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la reciente reforma de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso, al considerar que la nueva normativa pone en riesgo recursos naturales estratégicos, especialmente el agua, y responde a intereses de sectores extractivos. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central sindical cuestionó el proceso legislativo y alertó sobre las consecuencias a largo plazo.

En el mensaje, la CGT sostuvo que la modificación de la ley 26.639 fue impulsada por el Gobierno nacional y aprobada “a espaldas de la sociedad”, en el marco de un modelo que, según denunciaron, avanza sobre derechos sociales, laborales y ambientales. La organización planteó que detrás de la reforma se encuentran intereses vinculados a corporaciones mineras.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue la defensa del agua como recurso vital. “Sin glaciares no hay agua, sin agua no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro”, afirmaron desde la central obrera, sintetizando su postura frente a la iniciativa legislativa.

Asimismo, la CGT advirtió que la reforma se presenta bajo el argumento del federalismo, pero en la práctica implicaría un debilitamiento de los controles ambientales y una relativización del conocimiento científico. En ese sentido, señalaron que el retroceso de los glaciares ya es una problemática concreta, que podría agravarse con una menor protección estatal.

El comunicado también remarcó que los glaciares constituyen la principal fuente de agua dulce del país y resultan esenciales para los ecosistemas y las actividades productivas. Por ello, consideraron que cualquier avance sobre estos recursos implica un riesgo de daño ambiental irreversible.

Finalmente, la CGT reafirmó su compromiso junto a otras organizaciones sociales en la defensa de lo que definieron como la “casa común”, como la llamaba el Papa Francisco, y ratificó su rechazo a la reforma. El posicionamiento se suma a una creciente polémica en torno a la normativa y anticipa posibles nuevas expresiones de conflicto en el plano social y ambiental.

 

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