El Gobierno nacional logró que la Justicia federal se declare competente en la causa contra la reforma laboral impulsada por la CGT, abriendo una disputa clave sobre qué fuero debe definir la constitucionalidad de la ley. La central todavía puede apelar la medida ante la Cámara del Contencioso Administrativo.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a un planteo del Estado Nacional y abrió una disputa clave sobre qué fuero debe intervenir en las causas judiciales contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La resolución, firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, admite la inhibitoria presentada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y declara competente al fuero contencioso administrativo federal para intervenir en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El planteo del Gobierno apunta a desplazar al fuero laboral donde la central obrera había presentado en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, una acción declarativa de inconstitucionalidad contra numerosos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Según sostuvo el Ejecutivo en sus argumentos, ese fuero no resulta competente debido a que la demanda está dirigida contra el Estado Nacional y aborda cuestiones de derecho público.
En su presentación, el Gobierno argumentó también que la propia reforma laboral establece, en su artículo 79, que cuando el Estado Nacional sea parte en conflictos vinculados a materia laboral, la competencia corresponde exclusivamente al fuero contencioso administrativo federal. Incluso, la norma prohíbe expresamente la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo en esos casos.
En ese marco, la jueza consideró que la acción impulsada por la CGT, que cuestiona la constitucionalidad de múltiples artículos de la reforma por presunta vulneración de derechos laborales, debe ser analizada bajo normas de derecho público, lo que justificaría la intervención del fuero federal.
Asimismo, el fallo remarca que la demanda sindical no se refiere a un conflicto laboral concreto entre trabajadores y empleadores, sino a un cuestionamiento general contra una ley del Congreso y su aplicación por parte del Poder Ejecutivo.
La resolución ordena remitir un oficio al Juzgado Laboral N° 63 para que se inhiba de seguir interviniendo o, en su defecto, eleve la causa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para dirimir el conflicto de competencia.
De este modo, se abre un nuevo frente judicial en torno a la reforma laboral, no ya sobre su contenido, sino sobre qué tribunal debe definir su validez constitucional. La definición será clave para el futuro de las múltiples presentaciones impulsadas por sindicatos y organizaciones laborales.
INFOGREMIALES
