El Gobierno desconoció todos los antecedentes, consideró que se puede conciliar un paro general y aplicó una sanción de $21.000 millones a La Fraternidad para que baje la persiana

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, sancionó al sindicato La Fraternidad con una multa de $21.241.500.000. Imposible de afrontar. Consideró que incumplió la conciliación obligatoria dictada en febrero cuando adhirió al paro general de la CGT, acto que jamás pudo ser conciliado.

 

El Gobierno busca disciplinar a los gremios con una sanción que busca que La Fraternidad tenga que «bajar la persiana». es que la Secretaría de Trabajo, sancionó al sindicato La Fraternidad con una multa de $21.241.500.000.

“La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la Ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto», comunicaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.

El Gobierno desconoció todos los antecedentes, consideró que se puede conciliar un paro general y aplicó una sanción de $21.000 millones a La Fraternidad para que baje la persiana

En ese contexto, el Gobierno aseguró haber constatado que el gremio de operadores de trenes no acató la conciliación obligatoria dictada por 15 días el pasado 5 de febrero, lo cual afectó el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, “en perjuicio del interés general”.

Se trata de una sanción inédita porque toda la jurisprudencia sostuvo que no se puede conciliar una huelga general y menos por una medida dictada por otro conflicto.

Para Pettovello es “muy grave” la infracción imputada al sindicato, por lo que la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero dispuso la millonaria sanción contra La Fraternidad.

“El Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluyó la cartera en su comunicado.

El sumario administrativo se había iniciado en marzo, dos semanas después de la medida de fuerza, bajo la advertencia de aplicar multas que oscilaran entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

 

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