La Asociación Bancaria de Tucumán acompañó a la trabajadora afectada en el caso de los cuatro exjugadores de Vélez. Denunciaron «justicia cómplice» y repudio al veredicto en el caso que los futbolistas fueron denunciados por «violación en manada» en 2024 y luego sobreseídos en diciembre de 2025. El juez Augusto Paz Almonacid sostuvo que el hecho denunciado no constituye delito y asegura que hubo consentimiento. La denunciante pasó por dos intentos de suicidio. Actualmente corre la instancia de apelación.
Bajo una persistente lluvia y con paraguas negros, las trabajadoras y trabajadores de la Asociación Bancaria de Tucumán se concentraron en las calles céntricas de la capital provincial para acompañar a su compañera «Luli», implicada en la causa judicial contra exjugadores de Vélez Sarsfield. Con pancartas que denunciaban una «justicia cómplice», el gremio se dirigió a los tribunales de San Miguel de Tucumán para presenciar una instancia probatoria determinante en la apelación del caso. Para la conducción sindical, esta movilización no solo busca una condena efectiva para los señalados como responsables, sino que representa una lucha necesaria contra un sistema que perciben como ausente y poco protector de las víctimas de violencia.
La secretaria general del gremio, Cecilia Sánchez Blas, expresó su profunda indignación frente a lo que calificó como «una justicia corrupta que actúa sistemáticamente al calor del poder de turno«. Durante la marcha, los manifestantes vincularon su malestar con el reciente veredicto por el por el crimen de Paulina Lebbos (un femicidio ocurrido en 2006 que sigue impune) describiéndolo como un hecho que «genera bronca y desolación en la comunidad». Esta sensación de desprotección generalizada motivó que el reclamo por la trabajadora bancaria se convirtiera en un símbolo contra la falta de transparencia y la supuesta parcialidad de los magistrados locales.
Por su parte, el legislador Hugo Ledesma sostuvo que existe una «directiva de encubrimiento» en la provincia que ha beneficiado históricamente a figuras vinculadas al poder político. Según el parlamentario, herramientas judiciales como los juicios abreviados son mal utilizadas para permitir que personas implicadas en delitos graves obtengan penas leves y regresen a sus hogares sin una sanción real. En este sentido, señaló que el resultado «bochornoso» del caso Lebbos refleja una matriz de impunidad que podría acelerar un pedido de juicio político contra el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez.
Los referentes gremiales explicaron que el objetivo central de la movilización es garantizar que el caso de la trabajadora bancaria no se resuelva de manera cerrada y llegue finalmente a una instancia de juicio oral y público. Insistieron en que la sociedad tucumana necesita que las pruebas se presenten de forma abierta para que se conozca la verdad de manera exhaustiva.
«Hoy fue un paso, pero la lucha sigue», afirmó una de las coordinadoras de la movilización. Con la consigna de que “no hay justicia si no es pública”, la Asociación Bancaria anunció que acompañará a Luli hasta las últimas consecuencias, convencidos de que su causa es un espejo de lo que ocurre con demasiadas víctimas en un sistema que, denuncian, protege a los poderosos.
El caso de origen se remonta al 2 de marzo de 2024, luego del partido entre Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield, por la Copa de la Liga. La denunciante, una mujer de 25 años que era periodista deportiva como segundo trabajo, relató que tras el encuentro fue invitada por el arquero Sebastián Sosa al hotel donde se hospedaba el equipo visitante y ella aceptó la cita.
De acuerdo a su testimonio, allí se encontró con que también estaban los futbolistas José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré. La mujer declaró que consumió bebidas alcohólicas y que sospecha que en algún momento le habrían colocado una sustancia porque tiempo después quedó consciente pero sin control de su cuerpo, situación que habría aprovechado estos últimos tres para forzarla en una violación grupal.
Mientras tanto, La Bancaria Tucumán respaldó a la denunciante, quien también trabaja en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán para también visibilizar la necesidad de una justicia que proteja a las víctimas y no las persiga. «Estamos defendiendo a una compañera, pero también a todas las mujeres que se atreven a hablar», sostuvieron desde la organización sindical durante una movilización anterior.
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