La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció penalmente a la abogada María Fernanda Marino, instructora sumariante de la intervención libertaria del Hospital, por los delitos de “desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La presentación quedó radicada, tras sorteo, en el Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini, en tanto que las letradas de esta presentación de la APyT son las doctoras Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU).
Según la querella, Marino “avanzó sobre un procedimiento cuya suspensión judicial estaba plenamente vigente”, dictó resoluciones que “exceden sus atribuciones como instructora sumariante” y fijó plazos de descargo “antes de que vencieran los plazos para recurrir la sentencia de Cámara”, lo que para la presentación judicial “vulnera el debido proceso y la defensa en juicio”.
La denuncia sostiene que estas conductas “no son hechos aislados”, sino parte de un “patrón sistemático de hostigamiento a la conducción sindical de APyT”, que incluye “el adelantamiento público del resultado de los sumarios” por parte del entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones, el 3 de febrero de 2026, “antes de que los sumariados pudieran siquiera presentar descargos”.
En ese marco, desde la APyT señalaron que el avance del sumario administrativo se produjo “pese a que la medida cautelar de suspensión seguía vigente” y remarcaron que la apelación del Hospital “había sido concedida con efecto devolutivo”, por lo que “la cautelar continuaba plenamente en vigor durante toda la tramitación del recurso”.
La querella también sostiene que la instructora sumariante “desestimó sin análisis alguno” los planteos de los trabajadores sumariados, aun cuando estos habían informado formalmente su voluntad de recurrir judicialmente la revocatoria de la cautelar y habían advertido que la sentencia “todavía no se encontraba firme”.
Asimismo, desde la APyT denunciaron que Marino “decidió no aplicar deliberadamente” la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que establece la interrupción de plazos mientras existen acciones y recursos judiciales pendientes.
La secretaria general de APyT, licenciada Norma Lezana, sostuvo que “es directamente indignante cómo esta intervención libertaria está tratando al mejor equipo de salud del país” y denunció que “nos están sumariando por haber defendido el hospital del vaciamiento, con un apoyo social del 90 por ciento, y porque somos representantes gremiales independientes que no nos callamos, que no nos vendemos y que no tenemos nada que ver con el sindicalismo tradicional”.
“Nos quieren echar -afirmó Lezana- porque con una representación gremial así no pueden hacer del Garrahan lo que realmente intentan: privatizar, hacer negocios, usar instalaciones que son patrimonio público para facturar y además aplicar el ‘modelo Adorni’ en el Hospital: ocultar gastos, nombrar gente a dedo, hacer compras injustificadas e imponer un clima de silencio forzado y autoritarismo general”.
La dirigente sindical confirmó además que “ya solicitamos una nueva intervención judicial en estos sumarios completamente truchos” y cuestionó que “una funcionaria que se benefició de nuestra lucha y recibió el aumento que logramos sea la misma que ahora ‘recomienda’ echarnos”.
La querella también destaca que Marino es la funcionaria que impulsó los sumarios contra referentes sindicales y trabajadores activistas, entre ellos Norma Lezana y Maximiliano Bares, y que “desoyó expresamente los planteos” realizados por los trabajadores respecto de la vigencia de la cautelar judicial.
En relación a la denuncia penal, Lezana sostuvo que “la denunciamos por violar el derecho a defendernos, porque no permite que mi compañero Maxi Bares y yo presentemos testigos, incumple los tiempos legales y desobedece a la Justicia”.
También remarcó que “cabe recordar que el impresentable de Adorni tuiteó prejuzgando al decir que ‘estábamos despedidos’”.
Finalmente, sostuvo que “ni ella, una vergüenza de funcionaria que aplica la ‘obediencia debida’ por compromisos o por cobardía —da igual—, ni el interventor del ministro de Salud, Mario Lugones, otro extraño al Garrahan, Pirozzo, tienen la más mínima autoridad para llevar adelante el estropicio que están encabezando en el Garrahan”, y concluyó: “Van a pagar todos estos atropellos y la violencia con la que nos están tratando, en lugar de cuidarnos”.
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