La Secretaría de Trabajo de la provincia de Chubut dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), luego de que la empresa pesquera desvinculara a 39 trabajadores de su planta en Puerto Madryn. La medida ordena retrotraer la situación a su estado previo, impide nuevas sanciones y convoca a una audiencia para este miércoles.
La decisión fue formalizada mediante una resolución del secretario de Trabajo local, Nicolás Zárate, quien advirtió que el conflicto «trasciende los intereses individuales de los empleados involucrados y compromete la continuidad de las fuentes laborales, la estabilidad del empleo y la paz social». La conciliación obliga al gremio del STIA que encabeza Luis Núñez a suspender cualquier medida de fuerza y prohíbe a la compañía aplicar nuevas sanciones, despidos o medidas disciplinarias durante el proceso.
La cartera laboral convocó a una audiencia para este miércoles a las 10 en la Delegación de Puerto Madryn, donde deberán presentarse representantes del STIA y de las firmas Agropez SA, Conarpesa y WOFCO. Fuentes del sindicato señalaron ayer que la resolución «sirve para sentarse a aclarar las cosas», aunque remarcaron que se trata de una instancia temporal, y adelantaron que, según su análisis legal, los despidos presentarían «fundamentos jurídicos débiles».
El conflicto escaló luego de que Conarpesa formalizara las desvinculaciones de los obreros que participaron de la protesta del pasado 15 de julio en el Parque Industrial Pesquero. En los telegramas enviados, la empresa sostiene que en la manifestación se produjeron hechos de violencia e intimidación contra administrativos, situación que, afirma, obligó a evacuar las oficinas con intervención policial. Paralelamente, el equipo legal de Conarpesa presentó el lunes una ampliación de la denuncia penal por la toma de sus oficinas y aportó nuevas pruebas a la investigación.
Mientras la Secretaría oficializaba la conciliación, los trabajadores despedidos realizaban una asamblea en la sede del STIA, donde mostraron su preocupación por el futuro y rechazaron las acusaciones. Vladimir Rodríguez, uno de los empleados afectados, aseguró que las cesantías «son injustas» y negó episodios violentos: «Lo único que queríamos era trabajar. Nos trataron de violentos y eso no fue así. Había un acuerdo firmado para que el 15 de julio nos dieran el alta y nunca se cumplió». Rodríguez señaló que muchos de los despedidos acumulan entre 12 y 15 años de antigüedad y que la mayoría son empleados de temporada que dependen exclusivamente de esta actividad.
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