La audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo de Chubut terminó sin avances luego de que Conarpesa no enviara a sus directivos y ratificara por escrito su decisión de avanzar con los 39 despidos, al tiempo que negó la existencia de un conflicto colectivo. El STIA reclamó que la empresa se siente a negociar cara a cara, mientras la firma presentó como prueba un video de los incidentes ocurridos el 15 de julio. La cartera laboral fijó una nueva audiencia para el viernes, en medio de un conflicto que amenaza con escalar con el respaldo de otros gremios portuarios.
La audiencia de conciliación prevista para este miércoles en la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn finalizó sin la presencia de directivos de Conarpesa, en el marco del conflicto abierto por el despido de 39 trabajadores del frigorífico pesquero. La empresa, a través de su abogado Luis Ángel Novoa, presentó escritos en los que negó la existencia de un conflicto colectivo y ratificó su decisión de avanzar con las desvinculaciones. Ante la ausencia, la cartera laboral convocó a un nuevo encuentro para este viernes a las 10 de la mañana.
En los documentos presentados, Novoa sostuvo que «Conarpesa no mantiene con su personal conflicto de ninguna naturaleza, ni ha producido despidos entre quienes integran su plantilla de trabajadores». La postura jurídica de la empresa se apoya en que los 39 despedidos estaban vinculados a Agropez SA, firma radicada en Rawson e integrante del grupo, aunque tenían previsto comenzar a desempeñarse desde el 1° de agosto en la planta de Puerto Madryn, que opera bajo la órbita de Conarpesa. Además, el letrado argumentó que no concurriría porque «no se encontraba resguardada la seguridad» y mencionó supuestas amenazas telefónicas contra el presidente Fernando Álvarez Castellano.
Horas antes de la audiencia, Álvarez Castellano había ratificado en una entrevista radial su decisión de no dar marcha atrás con las cesantías. «Las 39 personas están echadas porque tomaron, usurparon violentamente y amedrentaron las oficinas de la empresa. Eso no lo puedo consentir», afirmó. El empresario sostuvo que los despedidos «son los que responden a Luis Núñez y ‘Pepe’ Díaz», a quienes responsabilizó por los incidentes del 15 de julio, y aclaró que la revisión de los casos no implica la reincorporación, sino el pago de indemnizaciones.
En la presentación también se incluyó un pendrive con filmaciones de los incidentes, que la empresa considera prueba de los disturbios ocurridos en las oficinas administrativas durante la protesta del 15 de julio. El Grupo Conarpesa sostiene que no hay un conflicto colectivo de trabajo, sino «el despido de un grupo de trabajadores que adoptaron una conducta calificada por la Ley de Trabajo como una injuria grave», y que la Justicia penal determinará las responsabilidades.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Luis Emilio Núñez cuestionó la postura de la empresa y exigió que los directivos se presenten a negociar. «Vamos a hacer los descargos y estamos pidiendo que los hagan participar, porque de esta manera no vamos a resolver nada. Tanto que me quiere ver personalmente Álvarez Castellano… que se presente, nadie le va a hacer nada», afirmó. El conflicto amenaza con escalar luego de que SICONARA y SOMU anunciaran su respaldo al STIA y se declararan en estado de alerta y movilización en los puertos de Chubut.
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