Con la firma de Armando Cavalieri, la Federación Nacional Mercantil Mutualista de la FAECYS (FENAMMF) expresó su preocupación por el proyecto de desregulación de la gestión libertaria: «El medicamento no es una mercancía: Es un bien social y una responsabilidad indelegable del Estado», señaló.
Con el sello de la la Federación Nacional Mercantil Mutualista, Armando Cavalieri manifestó «su profunda preocupación» ante el proyecto de desregulación de la actividad farmacéutica que sería presentado en los próximos días ante el Honorable Senado de la Nación para su tratamiento.
«Las modificaciones propuestas implican un cambio de enorme trascendencia para el sistema farmacéutico argentino. Sin embargo, el debate trasciende la organización de las farmacias: pone en discusión el papel que debe asumir el Estado para garantizar el derecho a la salud y el acceso seguro a los tratamientos farmacológicos». señaló.
Además remarcó que «el medicamento no es un producto de consumo común. Es un bien social de interés sanitario cuya utilización requiere controles, asesoramiento profesional y un marco regulatorio que garantice su calidad, trazabilidad y uso racional» y que «cada decisión vinculada a su dispensación impacta directamente en la seguridad de las personas».
Para el mercantil «La evidencia sanitaria es contundente. La automedicación, el uso inadecuado de medicamentos, las interacciones farmacológicas, las reacciones adversas, la resistencia antimicrobiana y la demora en diagnósticos oportunos constituyen problemas de salud pública reconocidos en todo el mundo».
Señaló que la farmacia cumple una función sanitaria esencial dentro de la red de atención, donde el profesional farmacéutico brinda orientación, previene riesgos y promueve el uso seguro de los tratamientos.
Por ello, indicó, «corresponde al Estado establecer, regular y fiscalizar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad».
«Las reformas propuestas trasladan progresivamente decisiones sanitarias hacia una lógica predominantemente comercial. La ampliación de los canales de comercialización, la incorporación de plataformas digitales como intermediarias, la flexibilización de los mecanismos de expendio y la integración vertical entre distribución y venta al público modifican el modelo sanitario vigente y generan condiciones para que intereses económicos prevalezcan sobre criterios de salud pública», sostuvo Cavalieri.
Para el gremialista el proyecto «favorece una mayor concentración del mercado farmacéutico» y «la posibilidad de operar bajo diversas figuras societarias y la creciente participación de grandes operadores con mayor capacidad financiera, tecnológica y logística profundizan las asimetrías competitivas, afectando especialmente a las farmacias mutuales, cooperativas, sindicales y a aquellas que garantizan la prestación del servicio en pequeñas localidades».
«Estas instituciones cumplen una función social indispensable. En numerosas comunidades son el único punto de acceso cercano a medicamentos y atención farmacéutica profesional, asegurando la continuidad del servicio incluso donde la rentabilidad económica resulta insuficiente para otros actores del mercado», ejemplificó Cavalieri.
Por último desde la FENAMMF sostuvieron «que toda modernización normativa debe orientarse a fortalecer el sistema sanitario, ampliar el acceso de la población a los medicamentos y mejorar la calidad de las prestaciones, sin debilitar los mecanismos de control ni disminuir la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la salud».
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