Fernando Álvarez Castellano, presidente de la pesquera de Puerto Madryn, supeditó su participación en las audiencias de conciliación a que el secretario gremial del STIA, José Díaz, se realice un examen toxicológico. El empresario, acusado de «falopero» por el dirigente, aseguró que se someterá a los análisis y los difundirá públicamente. El conflicto laboral, que ya tiene 39 trabajadores despedidos, se fue por los carriles del enfrentamiento personal.
El enfrentamiento entre la pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) Chubut sumó un nuevo capítulo de tensión con las declaraciones cruzadas entre el titular de la empresa, Fernando Álvarez Castellano, y el secretario gremial de la organización, José Díaz. Según el empresario, el dirigente sindical lo insultó llamándolo «falopero» durante el conflicto que se desató tras el despido de 39 trabajadores acusados de tomar las instalaciones administrativas de la planta de Puerto Madryn el pasado 15 de julio.
Álvarez Castellano, que ya había sido denunciado por el STIA por supuestas amenazas telefónicas contra Díaz, aseguró que no se presentará a las audiencias de conciliación convocadas por la Secretaría de Trabajo de Chubut a menos que el dirigente sindical cumpla con su exigencia. «Si él me llama a mí falopero, quiero que tenga el culo limpio. Entonces, yo me hago el estudio y que se lo haga él», declaró el empresario en una entrevista radial, quien además adelantó que se realizará «el examen más severo que sea» y difundirá los resultados públicamente.
La exigencia del dueño de Conarpesa se da en el marco de una audiencia de conciliación que fracasó la semana pasada porque la empresa no envió a sus directivos y ratificó por escrito los 39 despidos, negando al mismo tiempo la existencia de un «conflicto colectivo». Desde el STIA, su secretario general Luis Núñez cuestionó la postura empresarial y sostuvo que los despidos fueron arbitrarios. «Lo único que queríamos era que los trabajadores y trabajadoras ingresaran a trabajar; que la empresa cumpliera con lo que había firmado oportunamente en la Secretaría de Trabajo», afirmó Núñez, quien también denunció que la decisión de Álvarez Castellano forma parte de un «ardid» para no presentarse a las audiencias y eludir su responsabilidad.
Los trabajadores despedidos, en tanto, rechazaron las acusaciones de violencia. Vladimir Rodríguez, uno de los afectados, aseguró que «hay fotos y videos que demuestran que no hubo violencia» y que el reclamo fue pacífico para exigir el cumplimiento del alta de temporada acordado previamente. La mayoría de los despedidos son trabajadores efectivos discontinuos con hasta 17 años de antigüedad en la empresa, muchos de ellos mujeres que dependen de esta actividad para sostener a sus familias.
El conflicto, que tiene en vilo a la industria pesquera de la región, se complica aún más con la impugnación de la conciliación obligatoria presentada por Conarpesa, que sostiene que los despidos están justificados por una «injuria grave». Mientras el STIA y los trabajadores esperan una resolución de la Secretaría de Trabajo, Álvarez Castellano no da marcha atrás con su exigencia. «Si no se hace el estudio, que no vaya a la audiencia», insistió el empresario, dejando en un segundo plano la suerte de las más de 40 familias que esperan una solución al conflicto.
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