Fue publicado por iProfesional, visibilizando la situación límite de los haberes iniciales para el personal de las fuerzas, que apenas superan los $800.000 pesos, muy por debajo de la línea de pobreza.
La crisis de subsistencia que atraviesan los cuadros uniformados en la Argentina quebró el principio de subordinación silenciosa. Sectores de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Servicio Penitenciario Federal y efectivos de las Fuerzas Armadas autoconvocaron para este lunes a una jornada nacional de protesta pacífica, cese de tareas y concentración frente al Edificio Centinela —sede central de Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires— y en distintos puntos del interior del país, en reclamo de mejoras salariales urgentes y condiciones dignas de labor.
La medida de fuerza, revelada en un informe publicado por el portal iProfesional (con firma del periodista Alejandro Di Biasi), visibiliza una situación límite: los haberes iniciales para el personal de las fuerzas apenas superan los $800.000 pesos, una cifra que empuja a miles de uniformados y a sus familias por debajo de la línea de pobreza en medio de la escalada inflacionaria.
Un reclamo que desborda la disciplina vertical
A pesar de que las leyes argentinas y los reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohíben la sindicalización y el derecho a huelga de las fuerzas armadas y de seguridad por considerar que la verticalidad del mando es incompatible con la actividad gremial, la asfixia económica forzó una convocatoria horizontal a través de redes sociales, sin referentes orgánicos visibles para evitar represalias disciplinarias.
Según detalla iProfesional, el pliego de reclamos contempla:
- Recomposición de haberes: Salarios acordes al costo real de la canasta básica familiar.
- Cobertura sanitaria: Regularización y atención efectiva de las obras sociales (como IOSFA), actualmente desfinanciadas.
- Condiciones de trabajo y descanso: Fin de la sobreexigencia operativa y provisión de equipamiento adecuado.
- Mesa de diálogo sin persecución: Exigencia de no aplicar sumarios administrativos, pases a disponibilidad ni sanciones disciplinarias contra el personal que participe en manifestaciones pacíficas.
El llamado trae a la memoria los antecedentes de febrero pasado en Santa Fe tras el impacto por el suicidio de un agente en Rosario, hecho que detonó marchas y “sirenazos” hasta forzar una mesa de negociación provincial.
La crisis sistémica: El ajuste detrás del descontento
Este malestar generalizado no es un hecho aislado; es el síntoma visible de un vaciamiento estructural que atraviesa a todo el aparato de seguridad y defensa de la Nación:
- De la jerarquización al pluriempleo precario: El congelamiento y la pérdida de más del 80% del poder adquisitivo real de los sueldos castrenses ya había forzado al Ministerio de Defensa a emitir una resolución histórica autorizando a soldados y oficiales a trabajar como choferes de plataformas de transporte (Uber) o vigiladores privados en sus horas libres.
- Ajuste operativo y repliegue: Mientras los cuarteles y comisarías carecen de presupuesto operativo básico para combustible, racionamiento y mantenimiento, la Armada Argentina avanza en la degradación de la Base Aeronaval Punta Indio, la desprogramación definitiva de los cazas Super Étendard y planes de reestructuración ministerial impulsados por Federico Sturzenegger que evalúan fusionar la Armada con la Prefectura.
- Subordinación externa millonaria: En agudo contraste con los $800.000 que cobra un efectivo en la base, el Estado compromete USD 400 millones en misiles para los F-16 y destina recursos a ejercitaciones como PANAMAX 2026 bajo el mando del Comando Sur de los EE.UU., eludiendo el control del Congreso.
La convocatoria a protestar frente al Edificio Centinela y las delegaciones del interior expone que el plan de ajuste fiscal sobre la Defensa y la Seguridad ha llegado a su límite material: el Estado nacional no puede sostener la operatividad ni garantizar el control territorial si sus propios custodios no perciben un ingreso que les garantice cubrir la canasta básica.
FUENTE AGENDA MALVINAS
