El documento aprobado por el Procurador General, Eduardo Casal, establece indicadores de «radicalización» que incluyen «sentir injusticia», «rechazar figuras de autoridad» y «criticar a gobiernos e instituciones». Organizaciones sindicales y de derechos humanos advierten y denuncian que la norma contra el terrorismo también habilita el espionaje sobre la disidencia y convierte el descontento social en un problema de seguridad.
La Procuración General de la Nación aprobó este mes la «Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque», un documento que sistematiza indicadores de radicalización y establece un protocolo de investigación para amenazas y publicaciones que esta gestión considere extremistas en entornos digitales. La resolución, firmada por el procurador Eduardo Casal el pasado 14 de agosto, fue presentada como una herramienta para «prevenir e impedir la comisión de actos terroristas» mediante la detección temprana de procesos de radicalización, propaganda y reclutamiento en redes sociales, foros y plataformas de videojuegos.
El documento, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), parte de la premisa de que el terrorismo es un «proceso criminal organizado, continuo y permanente» que debe ser investigado en todas sus fases, incluso antes de que se produzca un ataque. Para ello, propone una matriz de riesgo que clasifica conductas en niveles medio, medio-alto, alto y crítico, y sugiere medidas de investigación proporcionadas a cada nivel. Entre los indicadores tempranos menciona «sentimientos de injusticia, traición o humillación», «rechazo a figuras de autoridad», «publicación de teorías conspirativas», «desconfianza sistemática en las instituciones» y «participación en grupos o foros digitales que promueven ideologías extremistas».
La guía también contempla herramientas de investigación como el ciberpatrullaje, el rastreo de redes sociales, la interceptación de comunicaciones, el análisis de fuentes abiertas (OSINT), el uso de agentes encubiertos y la cooperación internacional. Si bien el texto aclara que los indicadores «no constituyen tipos penales ni supuestos de imputación» y que su valoración debe ser «contextual, proporcional y acumulativa», organizaciones sindicales y de derechos humanos expresaron su alarma ante los criterios adoptados. En un comunicado difundido este miércoles, advirtieron que la norma «criminaliza la protesta social» y «habilita mecanismos de vigilancia propios de épocas de patotas parapoliciales».
«¿Puede una persona ser considerada sospechosa por criticar al gobierno? ¿Por participar de una organización? ¿Por expresar su bronca frente al hambre, la desigualdad o la pérdida de derechos?», cuestionaron desde ATE Capital, que denunciaron que el documento «convierte el descontento social en un problema de seguridad» en un contexto de «creciente conflictividad social y ajuste sobre las condiciones de vida». En ese marco, reivindicaron el derecho a la protesta y la organización colectiva como «ejercicios legítimos de la democracia», y sentenciaron: «Terroristas son los que hambrean deliberadamente al pueblo trabajador y se enriquecen a costa de la entrega de nuestra soberanía».
El gobierno nacional actualmente enfrenta una ola creciente de protestas y medidas de fuerza en distintos sectores, desde jubilados, discapacitados, prestadores de salud, trabajadores viales, docentes universitarios, estatales, personas endeudadas, pymes que cierran, la lista es larga.
La guía, que será difundida entre fiscales y funcionarios judiciales, busca unificar criterios de investigación, pero desde el arco gremial y social advierten que su implementación podría derivar en una criminalización de la disidencia política y social, transformando la crítica institucional en un potencial teatro para acusar de terrorismo a opositores y detractores.
INFOGREMIALES
