El fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de funcionar en abril próximo, pero su puesta en marcha depende de la transferencia de unos $60.000 millones desde el Gobierno nacional. Se esperan 30.000 nuevas causas y ya está pendiente una reforma legal que eleve a 50 los juzgados laborales porteños. También se evalúa abrir un «libro de pases» para jueces y empleados de la Justicia nacional.
El fuero laboral porteño, que tratará todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo de empresas cuya sede social se ubique en la Ciudad de Buenos Aires, estará en condiciones de funcionar en abril próximo, según dijo a La Nación Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño. El funcionario, sin embargo, condicionó ese arranque a que se produzca la transferencia de recursos del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, estimados en unos 60.000 millones de pesos para la cobertura de los cargos. «La ciudad está preparada para que el primer trimestre del año esté funcionando el fuero local, sin perjuicio de que estamos esperando el convenio de transferencia de recursos», afirmó Tapia.
La llegada de la justicia laboral porteña es producto del traspaso de la justicia nacional laboral y su progresiva desarticulación, un ámbito donde históricamente se protegieron los derechos laborales de los trabajadores, bajo la lógica de proteger al más vulnerable y donde tenían más cercanía sectores del peronismo y el sindicalismo. La Corte Suprema de Justicia reclamó por fallos que consideraba desproporcionados en perjuicio de los empresarios y juntos, camaristas, empresarios y sectores políticos cercanos, presionaron para armar un fuero porteño más «afín».
La ley de reforma laboral aprobada por el Congreso determinó que los jueces nacionales laborales quedarán como residuales de los casos individuales que tramiten, mientras que las nuevas demandas laborales, cuando la empresa tenga domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, tramitarán en el fuero laboral local. Los juicios colectivos por casos relacionados con asuntos gremiales seguirán en la justicia contencioso-administrativa federal o en la nacional, donde se redujo el número de jueces de primera instancia y los camaristas que se van jubilando.
En la Ciudad de Buenos Aires se preparan para este cambio. El Ministerio de Justicia local impulsó una ley que crea diez juzgados laborales porteños y una Cámara de Apelaciones con dos salas de tres jueces cada una, y se aprobó también en la Legislatura un código procesal laboral porteño. Pero con la nueva ley laboral se dispararon las necesidades, pues con el progresivo cierre de la justicia laboral nacional se prevé que el fuero laboral local tramite unas 30.000 nuevas causas. Para hacerlo no alcanzan los nuevos diez juzgados, cuyos jueces está designando el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Ya se hicieron los concursos y están los candidatos que en el sistema porteño se designan tras una audiencia pública a realizarse el 18 de septiembre. El mecanismo de designación de jueces en la Ciudad es diferente al de la justicia federal: no interviene el Poder Ejecutivo, solo el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura, que designa por mayoría absoluta. Si la Legislatura rechaza la propuesta, el Consejo debe proponer otro candidato; si no se expide en 60 días hábiles, la propuesta queda aprobada por vencimiento del plazo.
Para atender a esta necesidad de nuevos jueces, está pendiente de aprobación en la Legislatura una reforma legal que eleve a 50 los juzgados laborales porteños con siete salas y la ley del Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) porteño. Esto requeriría que se transfieran los recursos nacionales. Tapia ya mantuvo reuniones con el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, con el viceministro Santiago Viola y con Pilar Ramírez, la referente en la Legislatura de Karina Milei. Se está trabajando en una idea de un convenio de traspaso progresivo de fondos; no importa si la Ciudad debería poner plata en el inicio del proceso, mientras que la Nación lo complete. Incluso, publicó La Nación, se piensa en abrir un «libro de pases» con algunos jueces nacionales en caso de que no se llegue a tiempo con los concursos para cubrir las 50 vacantes en la ciudad. Lo mismo podría ocurrir con la cobertura de las vacantes de los empleados, que verían reducidas sus tareas en la Justicia Nacional. En ambos casos, de todos modos, la última palabra la tendrá la ciudad a la hora de elegir.
En el Consejo de la Magistratura, la otra pata para que este sistema funcione, se está activando la organización de la secretaría general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, a cargo de Genoveva Ferrero. «El nuevo esquema de Oficina de Gestión Judicial que buscamos implementar en el fuero laboral propone cambiar el modelo tradicional, siguiendo experiencias de Córdoba y Tucumán. Basado en la oralidad y la celeridad, concentra las gestiones administrativas en una oficina que trabaja para un grupo de jueces, para que los magistrados puedan enfocarse en su función jurisdiccional y, especialmente, en las audiencias. El objetivo es una Justicia más ágil, que le ahorre tiempo al ciudadano y mejore su acceso a la Justicia», dijo Ferrero al mismo medio. El Consejo de la Magistratura local ya alquiló un edificio moderno en Alsina 833/845, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo, donde funcionarán los juzgados, la Cámara, las salas de audiencias y tendrán sus oficinas los peritos. Son más de 3100 metros cuadrados y se prevé una organización denominada de «gestión judicial asociada», donde oficinas centralizadas canalicen las tareas y cada juzgado se dedique solo a la labor jurisdiccional. El Consejo ya mandó en julio pasado los pliegos para cubrir los primeros cargos y los tratará la Legislatura en la audiencia del 18 de septiembre. Antes ya se había aprobado el «Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», que previamente fue aprobado por el Congreso Nacional.
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