El Juez de Garantías, Esteban Rossignoli, resolvió someter a juicio a 24 trabajadores de FATE, entre ellos representantes sindicales nacionales, de seccional, delegados y trabajadores de base. Desde el gremio acusan de criminalizar la protesta y aseguran que se trata de un castigo «por luchar contra el ilegal lockout patronal de Madanes Quintanilla».
El Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Esteban Rossignoli, concedió la elevación a juicio oral y público de 24 trabajadores de FATE, quienes son de la dirección nacional del SUTNA, incluyendo el Secretario General, Alejandro Crespo, miembros de la seccional San Fernando, delegados de Fate y trabajadores de base.
La causa por el reclamo que detonó el cierre de la planta. Para el gremio los enjuiciados sólo estaban «ejerciendo el legítimo derecho a huelga en reclamo de los puestos de trabajo de todos los compañeros, tras el lockout patronal intempestivo que cerró la emblemática fabrica de neumáticos FATE, en forma totalmente ilegal, pretendiendo dejar al país sin la única fabricante de cubiertas para camión y colectivo, y simultáneamente extinguir los más de 2000 puestos de trabajo que normalmente existen en forma directa en FATE y los miles que de ella dependen en forma indirecta».
La resolución judicial pretende sentar en el banquillo de los acusados a los trabajadores de FATE, imputándoles los delitos de turbación de la posesión y daños.
«El Juez hace suyo los fundamentos del fiscal Fuenzalida y la patronal, que no aportaron prueba alguna de la comisión de delitos por parte de los trabajadores, por el contrario, siguieron el lineamiento de la patronal que es la única que violenta la ley», señalaron desde el gremio.
La defensa de los trabajadores denunció que la elevación a juicio «es arbitraria, infundada y representa una grosera consagración de la responsabilidad objetiva y el derecho penal de autor, prohibidos en la Constitución Nacional».
«Pretenden por medio de la persecución y el hostigamiento judicial poner fin a una lucha justa contra un ilegal lock out patronal, no comprenden que los trabajadores no vamos a bajar la cabeza ante semejante injusticia, Madanes tendrá mucho dinero y poder, pero los trabajadores tenemos la razón y toda la opinión pública lo sabe; este conflicto ha alcanzado la atención y el apoyo de todo el pueblo trabajador argentino”, advirtió Crespo.
“El fuero penal está actuando como la fuerza de choque y el ejecutor coactivo de una corporación que busca eludir a sus jueces naturales», agregó la defensa, recordando que el conflicto ya tramita tanto en el Ministerio de Trabajo bonaerense como en el Juzgado Nacional del Trabajo N°17 y la Cámara de Apelaciones Laboral N°2. O sea, la justicia penal no es el lugar de resolución de este conflicto cuya naturaleza es claramente laboral.
Ante la gravedad de esta resolución, la defensa interpondrá el recurso de apelación ante la Cámara de Apelación y Garantías, solicitando el sobreseimiento de todos los imputados.
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