A través del Decreto 1228/2026, el Poder Ejecutivo retrasó un mes el inicio del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período de carencia a 12 meses. La medida le permite al Ministerio de Economía retener por un mes más los aportes que hoy van a la ANSES, mientras el arco sindical y opositor denuncia un desfinanciamiento millonario del sistema previsional y exige la derogación del régimen.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este martes una nueva postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para financiar el pago de indemnizaciones en el sector privado. A través del Decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial, el régimen comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026 en lugar del 1 de noviembre, y el período mínimo de carencia se extenderá de seis a doce períodos mensuales completos y consecutivos.
El segundo cambio sustancial introducido por la norma es la ampliación del período de espera para que los fondos acumulados puedan ser utilizados. Según el texto oficial, la carencia mínima pasa de seis a doce períodos mensuales, que deberán ser completos y consecutivos. El cómputo no se inicia automáticamente con la publicación del decreto ni el 1 de diciembre para todos los empleadores, sino que comienza en el mes calendario en que se registre ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la efectiva integración de la primera contribución de cada empleador al FAL.
La decisión de postergar la entrada en vigencia tiene un impacto fiscal inmediato que excede los argumentos técnicos esgrimidos por el Ejecutivo. Como publicó Ámbito, el ministro de Economía, Luis Caputo, gana un mes más de recaudación plena para la Seguridad Social, ya que el FAL se constituye desviando una parte de los aportes que las empresas realizan a la ANSES. La aplicación del FAL implica, en lo inmediato, una menor recaudación para el sistema previsional, por lo que postergar un mes su inicio mantiene por un mes más esos ingresos en un contexto de caída de la recaudación tributaria y de tensión fiscal.
La medida generó un rechazo inmediato en el arco sindical y opositor. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que el FAL «terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado» y estimó el desfinanciamiento en no menos de 3.000 millones de dólares anuales. En la misma línea, el diputado Hugo Moyano presentó un proyecto para derogar el régimen y restituir los fondos a la ANSES, al advertir que su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $4.363.550.000.000 (unos USD 2.833 millones) según el proyecto de Presupuesto 2027.
El FAL se financia con el 1% de las remuneraciones de las grandes empresas y el 2,5% de las pymes, montos que se detraen de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La ampliación de la carencia a doce meses busca, según los fundamentos del decreto, que los fondos acumulen un patrimonio inicial suficiente antes de atender las obligaciones, aunque para los gremios la medida profundiza el desvío de recursos de la seguridad social hacia el mercado financiero y afecta directamente el financiamiento de las jubilaciones y pensiones.
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