El futuro de la histórica textil de Reconquista Algodonera Avellaneda se define esta semana en una audiencia clave por la propuesta de pago al Banco Nación. Con la planta operando a media máquina y un centenar de trabajadores ya despedidos sin indemnización, el gremio textil advierte que la falta de acuerdo podría derivar en una quiebra definitiva o en un nuevo proceso de salvataje (cramdown).
La situación de Algodonera Avellaneda, la textil vinculada al grupo Vicentin en el norte santafesino, atraviesa sus horas más críticas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, Juan Carlos Bandeo, advirtió que el próximo jueves será una jornada determinante, cuando se analice la nueva propuesta presentada por la compañía ante el Banco Nación, su principal acreedor. La falta de acuerdo podría desembocar en una quiebra definitiva o en la apertura de un nuevo proceso de cramdown, el mecanismo judicial de salvataje que busca evitar el cierre de la firma mediante la aparición de nuevos interesados. La urgencia se debe a que el viernes vence el período de exclusividad del concurso preventivo, una instancia clave para el futuro de la empresa.
El proceso judicial ya tiene un antecedente reciente: el pasado 14 de octubre, la Justicia decretó la quiebra de la compañía tras el fracaso del salvataje, luego de que no se presentaran interesados en adquirirla. El juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, había advertido que no podía extender los plazos y que prolongar el concurso solo agravaría el daño patrimonial. Con la quiebra declarada, se abrió un registro de preinscripción para potenciales compradores, que estará vigente hasta el 11 de noviembre, con el objetivo de identificar inversores capaces de asumir la explotación integral de las plantas. La sindicatura propone mantener la actividad para procurar una venta en funcionamiento, de manera integral o por unidades productivas, como única vía para preservar el valor de los bienes y la mayor cantidad posible de empleos.
El costo humano de esta crisis es devastador. De los aproximadamente 350 trabajadores que dependían de la planta, un centenar ya fue despedido sin cobrar sus indemnizaciones, mientras que otros 200 intentan sostener la producción a través de contratos de fazón, un esquema que representa apenas la mitad de la capacidad instalada. Desde mediados de abril, la actividad se retomó con solo 75 operarios distribuidos en dos líneas, la Open End y la convencional. La preocupación del gremio no es solo por los que ya perdieron su empleo, sino por los que aún trabajan en condiciones precarias: la empresa mantiene deudas salariales de diciembre y enero, no completó el pago del formulario 931, lo que impide a muchos acceder a las asignaciones familiares, y no regularizó los aportes previsionales y sociales. “El problema es con la gente que está afuera, ¿cómo arreglamos con las 100 familias que quedaron afuera?”, se preguntó Bandeo, al advertir que la mayoría de los despedidos supera los 45 años y tiene más de 15 o 20 años de antigüedad, lo que dificulta su reinserción laboral.
El panorama financiero agrava cualquier posibilidad de una salida rápida. La deuda de la compañía con el Banco Nación supera los USD 260 millones y concentra más del 80% de las acreencias computables para aprobar la propuesta de pago. A ese pasivo se suman obligaciones posconcursales por más de $6.800 millones acumuladas entre 2025 y 2026, y una deuda con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de aproximadamente $4.600 millones que amenaza con el corte del suministro eléctrico. Para que la planta siga operando, se requieren inversiones urgentes que permitan reducir los costos energéticos, como la incorporación de nuevos compresores, estimados en USD 100.000 a 120.000, o la instalación de generadores a gas. Mientras tanto, la actividad continúa a través de contratos de fazón con empresas como Insumos XXI, cuyo CEO, Facundo Trigueiro, manifestó su disposición a seguir operando “siempre y cuando se respeten los precios” y se realicen las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia.
El futuro de Algodonera Avellaneda y de sus 350 trabajadores pende de un hilo. La audiencia de esta semana y la decisión que tome el juez Lorenzini definirán si la textil logra un acuerdo que le permita reestructurarse o si, por el contrario, se profundiza un proceso de liquidación que ya dejó a un centenar de familias sin ingresos ni indemnizaciones. La historia de una empresa fundada en 1940 y que durante décadas fue un pilar de la economía de Reconquista se juega, una vez más, en los tribunales, mientras los operarios que aún conservan sus puestos trabajan con la incertidumbre como única certeza y la esperanza de que un comprador logre rescatar la actividad y preservar la mayor cantidad posible de fuentes laborales.
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